Elección del Poder Judicial, incierta

Para aplicar una Reforma Constitucional que afecta al entorno y de todos los ciudadanos de un país, normalmente se hacía en dos o tres años. Recordemos la Ley Loppe. Hoy el gobierno ejecutivo, con la consigna que le heredó su antecesor, que se caracterizó por acciones más por resentmiento y venganza que por ser un verdadero trasformador al nivel de un estadista. La historia así lo comienza a registrar.

La Reforma Judicial, que principalmente ahora obliga a que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, se llevó a cabo en septiembre de 2024, en la última semana del mandato de AMLO, cuando el voto popular logró que haya mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Lo que provocó que se realizaran cambios en el INE, en la SCJN, en el presupuesto operativo del 2025, en un sinnúmero de leyes secundarias.

Todo lo anterior deriva, por ser la primera elección de este tipo, por tener poco tiempo disponible para aplicar las leyes, por el poco tiempo para realizar una difusión adecuada dirigida a la población, para estandarizar la información a los candidatos que resultaron elegibles en la primera parte del proceso, creando sistemas con filtros de dudoso resultado, todo ha derivado en un caos.

El caos siempre prevalece en el inicio de un proyecto, pero conforme pasa el tiempo en la curva de aprendizaje, este se convierte en un orden que beneficia a los sistemas. Pero hoy, el caos se ha quedado en el proceso de elección, en donde, hasta los intelectuales, analistas, profesionistas tienen monstruos de dudas. Ya ni se diga las dudas que tienen los ciudadanos en general. 

Primero, no se sabe, en lo general, que objeto tiene esta elección. Algunos ciudadanos creen que se elegirán diputados. Otros, si tienen conocimiento de la elección de los integrantes del Poder Judicial, pero no saben cómo se llevará a cabo. Muchos más no conocen a los candidatos postulados.

El INE determinó que el ejecutivo y sus integrantes (servidores públicos, así como los integrantes del Poder Legislativo no podían participar en promoción, difusión ni proselitismo del proceso electoral del Poder Judicial) lo cual es coherente, como cuando se lleva a cabo la elección de diputados y gobernantes; los servidores públicos y diputados no pueden participar en el proselitismo a menos que renuncien a su cargo. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los diputados y senadores exigieron al INE que se elimine esa prohibición. A través del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal lo lograron, fuera de toda norma moral.

Por lo anterior el gobierno federal ha creado todo un sistema, obviamente con recursos públicos, de promocionar la elección. Dentro de ello va implícito beneficiar a algunos candidatos que le conviene al sistema federal, como la autonombrada Ministra del Pueblo.

Definitivamente que el hecho de la organización del proceso electoral, mostrará las razones por las que no deberían ser elegidos los justiciables e impartidores de justicia (jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal) y sin duda también se dejará entrever porque sí es factible llevar a cabo esta elección.

Cuando entren en funciones estos impartidores de la justicia se notarán los resultados definitivos. Se visualiza el ahorro de recursos porque ya no habrá sueldos onerosos, pero, al contrario, estos, tendrán propuestas multimillonarias ilícitas y sin la formación judicial y sin haber cultivado los valores morales de un juzgador, serán presa más fácil para caer en las componendas corruptas. El riesgo es que estas aumenten, porque no se niega que en la actualidad exista esa corrupción, aun cuando en la mayoría de togados prevalecen los valores. Hoy que no existe esa formación, se prevé que aumenten esos casos.