Contrareforma energética

El pasado 18 de Marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas leyes que reconforman el sector energético mexicano, dichas leyes son la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con otras normativas clave como la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, y la Ley de Planeación y Transición Energética. Este conjunto de reformas pretende de acuerdo a su exposición de motivos, fortalecer la soberanía energética, promover la sustentabilidad y garantizar la justicia energética para los mexicanos.

¿Pero estas leyes de donde provienen?, de la reforma energética del 2024, que reformó principalmente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para reorientar el rol del Estado en dicho sector. Recordemos que la motivación principal para esta reforma provino de la necesidad de revertir el modelo de apertura y privatización parcial que se instauró con la reforma energética de 2013. Durante ese proceso, se abrieron espacios al sector privado en áreas tradicionalmente reservadas al Estado, ¿la pregunta es dicha reforma funcionó?, ¿valía la pena cambiar el modelo?. Si bien hubo incrementos en cifras de producción y mecanismos regulatorios más modernos, diversos análisis indican que, aunque se evidenció un aumento en la inversión, mejoras en ciertos indicadores de producción y una apertura que generó expectativa en cuanto a eficiencia, los desafíos estructurales de instituciones como PEMEX con altos niveles de deuda, estructuras operativas históricas y limitaciones administrativas, han hecho que los beneficios en eficiencia no se hayan materializado de forma homogénea en todo el sector. Es decir, al ser una reforma de gran calado, debió continuar por más sexenios para probar su eficiencia o no. Lo cierto es que ni ha mejorado la extracción de petróleo y hay problemas de generación de energía eléctrica. 

Entonces, al armonizar el marco constitucional antes señalado, dichas normas refuerzan el papel del Estado como actor principal en el sector energético. La CFE y PEMEX son reconocidas como empresas públicas con independencia técnica y operativa, pero bajo un régimen especial que prioriza el interés público. Además, se promueve la transición energética mediante la Ley de Planeación y Transición Energética y la Ley de Biocombustibles, que buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar el uso de energías limpias. ¿Lo podrá lograr el estado por sí mismo sin participación de la inversión privada?, se ve complicado. 

Por otro lado, la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía subrayan la importancia de diversificar las fuentes de energía y fortalecer la regulación estatal.

Entonces, el nuevo marco legal plantea grandes expectativas: mayor autosuficiencia energética, precios más justos y un impulso decidido hacia la sustentabilidad. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos, como la necesidad de modernizar la infraestructura estatal, atraer inversión en energías renovables y garantizar la transparencia en la gestión de recursos.

En conclusión, estas reformas confirman el cambio de paradigma en el nuevo sector energético mexicano, esperamos que funcionen por el bien de todos. CARPE DIEM.