Toda época tiene su signo. Y México, durante más de 75 años, vivió bajo los designios de lo que Giovanni Sartori llamó un partido hegemónico pragmático. Esto significa que se celebraban elecciones, pero eran cuestionables; existían medios de difusión, pero solo bajo el amparo de la autocensura; había oposición, pero solo la autorizada por la autoridad. En pocas palabras: había un exceso de control autoritario y muy poca libertad.
Conforme los procesos de democratización avanzaron y la arena de lucha se trasladó al ámbito electoral, se comenzaron a crear las condiciones para que el país evolucionara. La competencia por la democracia inició y lentamente fue ganando terreno hasta la sucesión del año 2000. Sin embargo, este cambio dejó un sabor amargo en la política y la sociedad.
La democracia llegó, pero era incipiente. La mayoría de las instituciones y organismos del país, tanto a nivel federal como estatal y regional, seguían imbuidos en prácticas anticompetitivas y con altos niveles de discrecionalidad. La noche del autoritarismo seguía presente en México. Entonces, el objetivo ya no era solo la competencia electoral, sino ganar espacios decisivos para que la democracia se esparciera en todo el aparato estatal.
Conforme la liberalización política se desarrolló, ciertas áreas del gobierno cobraron especial relevancia, principalmente por el exceso de poder que podían ejercer y las coyunturas políticas que existían. Tal fue el caso de las elecciones, por lo que se hizo necesaria la creación de un órgano independiente y ajeno a la influencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bajo esa premisa se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros Organismos Constitucionales Autónomos (OCA), como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
Los OCA se concibieron como un conducto para reforzar la confianza en actividades delicadas y sensibles que debía llevar a cabo el Estado, con atribuciones establecidas desde la Constitución. De tal suerte, los OCA fueron diseñados para lograr un impacto decisivo en áreas de política económica, fiscalización y rendición de cuentas.
En este sentido, los órganos de transparencia y rendición de cuentas se alzaron como figuras clave para vigilar el uso de los recursos públicos de manera imparcial, crear un canal de exigibilidad entre la ciudadanía y las autoridades, y hacer transparentes las acciones gubernamentales. Estas actividades resultan esenciales en un contexto donde la discrecionalidad y la corrupción pretendían reducirse mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En una democracia como la de México, que continúa solidificándose y está en constante lucha por su consolidación, la transparencia y la rendición de cuentas funcionan como herramientas fundamentales para que la población exija y participe en la supervisión del uso de los recursos públicos, especialmente en los espacios donde las autoridades (federales, estatales y municipales) pueden prestarse a intereses personales.
Acaso por ello, la autonomía y el papel de organismos como el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resultaban incómodos para el entramado político, precisamente porque su objetivo era servir como un canal a través del cual la ciudadanía podía exigir a las autoridades la rendición de cuentas sobre sus acciones. Tal es el caso de megaproyectos como el Tren Maya, el cual ha sido constantemente señalado por los claroscuros en las decisiones que se tomaron para su creación.
Así, la transparencia y la rendición de cuentas, cuando están dotadas de autonomía sustantiva dentro del marco de un OCA, no solo funcionan como un canal de participación ciudadana, sino también como un baluarte de la democracia, sobre todo en tiempos en que el fantasma del autoritarismo insiste en regresar.
En el caso específico del estado de Morelos, el papel del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) resulta primordial, ya que asegura un medio independiente, autónomo y libre de influencia política, lo que garantiza el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Su existencia es un candado que fortalece la democracia estatal.
Frente a este panorama, es crucial asumir un rol activo en la defensa de este organismo, pues su desaparición significaría un retroceso en materia de acceso a la información y rendición de cuentas. La democracia se construye con instituciones sólidas y confiables, ya que son el espacio donde la ciudadanía puede participar.
El signo de esta época insiste en restar importancia a este tipo de funciones, por lo cual es trascendental tomar conciencia de su papel en la garantía de los derechos ciudadanos. No se trata únicamente de defender una institución, sino de salvaguardar la democracia. Cuando la decisión de unos pocos consiste en no existir, la única alternativa es resistir. No habrá una autentica transformación sin que tenga como base la información y el empoderamiento del pueblo.
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