Le dieron impunidad

Ya se veía venir la decisión de los integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados de rechazar el proceso de solicitud de desafuero Interpuesto contra el exgobernador de Morelos, hoy diputado federal por MORENA, Cuauhtémoc Blanco. 

Los votos de los diputados Hugo Eric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), rechazaron fincar responsabilidad al morenista y solo el legislador  Germán Martínez del (PAN), votó a favor de iniciar el juicio de procedencia en contra del morenista. 

Este jueves, los legisladores, consideraron que los elementos presentados no eran suficientes como para iniciar un proceso en contra de Blanco Bravo, y le otorgaron, sin querer queriendo, impunidad. Tal vez estén alargando la agonía, pero por ahora, cumplieron a las instrucciones: proteger al oriundo de Tepito. 

Habrá que recordar que, por alla del seis de febrero del 2025, la Fiscalía General del Estado de Morelos –en aquel entonces de los últimos días de Uriel Carmona Gándara--,  lo señaló por su presunta participación en un caso de intento de violación. Fue Nidia Fabiola Blanco Fernández, a quien acusó de abuso sexual a su hermano, el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Desde entonces y hasta ahora, los medios de comunicación han registrado varios sucesos relacionados con el caso, incluyendo los alegatos del exfutbolista, quien dijo ser una buena persona y negó tajante que haya cometido el intento de violación sexual en contra de su media hermana a quien desconoció como su familiar; además del anuncio de que presentará una iniciativa para proteger a los varones de las difamaciones de mujeres que los acusan de delitos sexuales, como asegura le ocurre a él… 

Hubo voces que hicieron --en medio del silencio (¿cómplice?) de los legisladores federales por Morelos-- , llamados a no permitir que la impunidad prevalezca en este caso, como el que hizo la diputada federal Meggie Salgado. También sobresale la postura de las senadoras del PAN, Laura Esquivel, y del PRI, Claudia Anaya, quienes se salieron del guion marcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer –donde expondrían desde la tribuna algunos casos de violencia contra la mujer-- y retomaron el caso de Nidia Fabiola Blanco Fernández, quien acusó de abuso sexual a su hermano, el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. La senadora por Zacatecas, Claudia Anaya dijo: “soy Nidia Fabiola Blanco, mi hermano Cuauhtémoc intentó violarme y lo denuncié por ello pero su partido político, Morena, lo protege. No, no llegamos todas”, expresó.

La Sección Instructora postergó en dos ocasiones sesionar bajo el argumento de que el expediente debería estar correctamente integrado; ante ello, la Fiscalía General de Justicia de Morelos remitió la documentación que acreditó la competencia y facultades de la promovente del Juicio de Procedencia. Ahora, un mes después, la Sección Instructora, órgano parlamentario que estudia el caso, decidido posponer el análisis de la petición presentada por la Fiscalía de Morelos. 

Según el informe correspondiente a la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2023 del Gobierno del Estado de Morelos, revela diversas anomalías en áreas clave como Salud, Seguridad e Infraestructura, lo que ha generado cuestionamientos sobre la correcta gestión de los recursos públicos en la entidad. La dependencia detectó irregularidades por un monto total de 2 mil 629 millones de pesos en las operaciones de fondos federales durante el penúltimo año de la administración del exfutbolista que tienen que ver con irregularidades en la ejecución de programas y proyectos financiados con fondos federales, además pone en evidencia deficiencias en los mecanismos de fiscalización y control por parte del gobierno estatal.

Las anomalías detectadas afectan a diversas instituciones del gobierno de Morelos, incluidos organismos de educación media superior y superior, además de sectores como el de salud y organismos descentralizados; en tanto que las observaciones realizadas sobre las Participaciones Federales pueden incluir montos que aún deben ser aclarados por las autoridades estatales, los congresos locales y los institutos de educación, entre otros actores.

Ahora, nos preguntamos: ¿Este mismo trato se le dará a lo relacionado con las investigaciones iniciadas por la Auditoria Superior de la Federación?