Pues bien, dicho sistema está instituido en el T-EMEC para que en su ejecución y desarrollo existan buenas y claras prácticas, sistema que debió de ser aplicado durante la vigencia del Tratado y más aun a partir de las amenazas en vía de ejecución del hoy Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, el gobierno mexicano debió utilizar en su momento dicho instrumento de utilidad, para evitar llegar al punto en que ahora se está, tema que ahora se difunde en miles de medios de comunicación a propósito del alza de los aranceles.
De haberse aplicado, se hubieran conocido las debilidades y fortalezas, tanto de las empresas interesadas como del propio gobierno en la ejecución y desarrollo del T-EMEC y en su caso hacer las correcciones que correspondían en forma oportuna, concretamente, aprovechar el propio contenido normativo del Tratado.
Ciertamente ha fallado en todo esto la Consejería Jurídica de la Presidencia, cuya titular no está preparada, ni se ha preocupado en preparar para abordar con grandes miras, los grandes temas de la Nación.
Está visto que el incumplimiento de ciertas obligaciones que no son materia del T-EMEC, nos lleva a la aplicación arbitraria de sanciones, para el caso comercial, existe designada por cada parte (Canadá, México y EU) una persona que ejerce autoridad gubernamental y que ostenta el cargo de delegada gozando dentro de sus atribuciones y facultades asegurar en materia regulatoria y administrativa el estricto cumplimiento del Tratado, cuya intervención no se ha dado por la ignorancia que impera en el recurso humano.
En efecto, si un panel concluye que México está en falta de sus compromisos del T-MEC, y se negara a acatar el fallo, las consecuencias serían una serie de represalias comerciales a través del incremento de aranceles a nuestras exportaciones, por montos equivalentes al daño que ese hipotético incumplimiento hubiera generado, pero no antes, como es el caso, por eso decía en diversa entrega que nuestro país para el caso, tenía y tiene la vía expedita para inconformarse jurídica y legalmente, sin perjuicio de agotar la vía de la política y diplomacia.
Los aranceles de 25% a productos mexicanos y de Canadá entraron en vigor a las 23:01 horas de la Ciudad México del martes pasado, medida aplicada por un solo individuo sin la intervención de ninguna autoridad internacional (OMC) a pesar de que cada parte del Tratado debe considerar a las mercancías con trato nacional, lo cual significa tener un trato no menos favorable que el trato más favorable.
Está visto que la Organización Mundial de Comercio OMC, atiende en su caso y da solución a controversias, basándose en las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias y en el caso de encontrarse elementos suficientes podrá imponer sanciones por incumplimiento de cualquiera de los acuerdos, que van desde la suspensión del acuerdo o la denegación de la entrada de mercancías, hasta la cancelación del tratado, una vez agotados los mecanismos previstos de revisión.
Uno de los problemas que afectan a México y lastiman al T-MEC, es haber incluido nuevos desafíos legales a la nueva ley laboral del país, porque obstaculiza a los trabajadores para que puedan organizarse libremente y que los sindicatos tengan plenos derechos de negociación colectiva. Más aún, que las empresas garanticen los derechos laborales.
El T-MEC busca hacer mejoras a las herramientas de transparencia que se usan y garantizar una plena reforma regulatoria, busca también que se implemente una política energética clara y limpia sin desplazar a las empresas privadas.
Otros temas del gobierno mexicano que no se han atendido bien y conforme a los compromisos del T-EMEC, son: las modificaciones a la Ley de Minería, las decisiones en materia de adquisición de medicamentos, respeto a los derechos de la propiedad intelectual, las prácticas pesqueras y la construcción del Tren Maya.
En fin, las consecuencias de un incumplimiento deben ser canalizadas ante la justicia internacional y no en forma unilateral, no se pueden aplicar represalias comerciales a través del incremento de aranceles a nuestras exportaciones por montos desmedidos.
Este tipo de acciones podrían ser un ejemplo para todos los países, volcando además el odio, la ira, al ejercer una política que dista de ser política.
Trump, podrá estar o no de acuerdo con el Tratado en su conjunto o con algunos de sus contenidos o con sus partes firmantes, ya sea en lo individual o con una de ellas, ya sea por la conducta u omisión, pero lo debe hacer valer ante la instancia correspondiente.
Concluyendo, hay un acuerdo de voluntades y se debe cumplir cabalmente, aquí no caben dudas, no caben corrientes ideológicas, tampoco ambigüedades, ni deseos políticos personales.
Solo hay una verdad, el tratado ha incrementado considerablemente el comercio exterior, eliminó aranceles, promovió la competencia leal, mejoró las oportunidades de inversión, abrió los mercados y existe ya una viabilidad al futuro.
México, para que sea respetado, debe responder en forma eficiente y transparente, utilizando nada más los mecanismos de solución de controversias, es la certidumbre jurídica quien dará respeto a nuestra soberanía.
A estudiar el caso señores consejeros, la Presidenta necesita de consejos bien intencionados, recurran al Compliance, les será de buena ayuda.














