La transición a un Estado garantista

Una de las mayores críticas que se le hace al Estado, desde la perspectiva marxista y estructuralista, es que funciona como un reproductor de la violencia con el fin de perseguir los intereses de grupos minoritarios, como la clase política o las clases altas. Aunque el Estado moderno ciertamente se basó en el control de la población a partir de medidas arbitrarias y unipersonales, con el tiempo evolucionó para proteger al individuo.

Las democracias de corte occidental han estado influenciadas por el liberalismo social, el cual propugna el bienestar del individuo, hasta el punto de reconocer derechos con los que podía llevar una vida digna y sin grandes intervenciones, como el derecho a la libertad, a la salud y al trabajo, los cuales son derechos inherentes al desarrollo personal. Por otro lado, también se han reconocido derechos de índole más abstracta y política, como el derecho de asociación, la libertad de culto y la libertad política.

Precisamente en este punto radica la diferencia entre un Estado que otorga derechos como una prerrogativa para las personas y otro que los garantiza, reconociendo que las personas tienen derechos por el simple hecho de serlo.

La visión de un Estado que solo otorgaba derechos sin mucho esfuerzo por hacerlos valer o ejecutarlos se alinea con la perspectiva de un Estado opresor que interviene y ejerce violencia, a diferencia de un Estado que, al reconocer los derechos humanos, tiene la obligación de garantizarlos. Por ello, los críticos marxistas señalaban al Estado como el ejecutor de una violencia sin consecuencias, un ente que podía ejercer el poder arbitrariamente.

Si bien muchas acciones del Estado pueden entenderse como violencia, como es el caso de las deportaciones masivas en países con grandes flujos migratorios, lo cierto es que la mayoría de las democracias contemporáneas han orientado su marco de referencia hacia la garantía de los derechos humanos. Esto ha reducido considerablemente la idea de un Estado violento y opresor.

Por ejemplo, en el caso de México, la perspectiva ha cambiado notablemente desde la reforma de 2011, con la modificación del artículo 1° de la Constitución Mexicana, en el cual se cambió la naturaleza de las “garantías individuales” para convertirse en “derechos humanos”. Esto significó que el Estado no solo reconocía derechos, sino que tenía la obligación de garantizarlos. La reforma no solo consistió en modificar unas cuantas palabras, sino en efectuar un cambio en la dinámica del Estado.

Aunque la mayoría de los autores coincide en que la facultad por excelencia del Estado es ejercer la violencia como medida efectiva, lo cierto es que, con el paso del tiempo, esta perspectiva se ha acotado, hasta el punto de cuestionar si todas las formas de violencia son válidas, incluso cuando se utilizan para procurar el orden y la justicia.