Mitos y hechos

In-competencia. En el contexto de la Cuarta Transformación (4T) en México, el enfoque hacia la educación ha suscitado un intenso debate. La reciente decisión de eliminar la posibilidad de reprobar a los alumnos en educación básica y, más recientemente, la eliminación del examen de ingreso COMIPEMS para escuelas de nivel medio superior, parecen reflejar una filosofía educativa que prioriza la inclusión sobre la competencia. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, argumenta que estas medidas son parte de un esfuerzo por garantizar el acceso a la educación para todos, sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la calidad educativa y la preparación de los estudiantes para el futuro. La eliminación de evaluaciones estandarizadas podría interpretarse como un intento de suavizar la experiencia educativa, pero también podría llevar a una falta de motivación y esfuerzo entre los alumnos, quienes ahora pueden asumir que, independientemente de su rendimiento, su lugar en la educación media superior está garantizado. Este enfoque contrasta notablemente con las políticas de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que han decidido mantener sus exámenes de admisión. Estas instituciones, reconocidas por su rigor académico, parecen optar por una visión que valora la competencia y el mérito, dejando claro que el acceso a una educación de calidad sigue estando vinculado al esfuerzo y al desempeño individual. La coexistencia de estos dos modelos educativos plantea un dilema sobre el futuro del sistema educativo en México. ¿Estamos realmente promoviendo una educación inclusiva y de calidad, o estamos creando un sistema en el que el esfuerzo individual se desincentiva? La respuesta a esta pregunta será crucial para definir el rumbo de la educación en el país.

PRESUNCIÓN. El reciente incidente ocurrido en Jiutepec, donde elementos de la policía municipal detuvieron con lujo de violencia a dos jóvenes que supuestamente se hacían pasar por miembros del grupo delictivo conocido como El Enjambre, ha generado una ola de indignación y preocupación en la comunidad. Según los informes, los jóvenes, ambos menores de edad, afirmaron que su huida se debió a que se encontraban alcoholizados y no tenían intención de eludir la autoridad, lo que plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la justificación del uso de la fuerza por parte de las autoridades. Este suceso no solo revela la tensión existente entre la población y las fuerzas del orden en un contexto de creciente violencia e inseguridad, sino que también pone de manifiesto la grave problemática del uso desmedido de la fuerza por parte de la policía. Aunque la intención de las autoridades de combatir el crimen es comprensible, es fundamental que este combate se realice dentro del marco del respeto a los derechos humanos y la legalidad. Las acciones policiales, cuando son excesivas y desproporcionadas, no solo erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también pueden resultar en consecuencias graves para los involucrados. La decisión de liberar a los jóvenes detenidos tras la llegada de sus padres y la firma de una responsiva puede ser vista como un alivio para las familias, pero también genera cuestionamientos sobre el proceso legal y la forma en que se manejan estos casos. La intervención de la Comisión de Honor y Justicia para investigar el uso excesivo de la fuerza es un primer paso, pero los ciudadanos esperan que esta investigación sea rigurosa y transparente, y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que las acciones de la policía sean siempre justas y proporcionales.

GRAN MENTIRA. El reciente anuncio sobre la liberación de Antolino Orozco, el último exfuncionario de nivel directivo que permanecía en prisión preventiva por su implicación en el escándalo conocido como La Estafa Maestra, resuena como un eco de la impunidad que ha caracterizado a muchos casos de corrupción en México. Este acto, que utilizó a instituciones educativas como fachada para desviar recursos públicos y perpetrar un desfalco monumental al erario federal, dejó una herida profunda en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. Desde que salieron a la luz los detalles de este escándalo, que involucró a diversas universidades y a funcionarios de alto nivel, la indignación ha sido generalizada. Sin embargo, la realidad es que, hasta el momento, no se ha recuperado un solo peso de los miles de millones que fueron desviados. Este hecho es un claro reflejo de un sistema que, a pesar de contar con mecanismos para combatir la corrupción, parece ser incapaz de llevar a cabo una justicia efectiva. La liberación de Orozco plantea serias preguntas sobre el compromiso de las autoridades para enfrentar la corrupción en sus diversas formas. Mientras el autor intelectual del esquema, Emilio Zebadúa, permanece “intacto” y sin consecuencias, la sensación de que la justicia no se aplica de manera equitativa se hace más palpable. Este tipo de situaciones alimenta la desconfianza en un sistema que debería ser el garante de la legalidad y la rendición de cuentas. En Morelos el ex rector de la UAEM, aunque prófugo de la justicia visita la

Máxima casa de estudios cuando quiere y nadie le Hace nada. 

TEMA CENTRAL. En los próximos días, el estado de Morelos se prepara para ser escenario de serias manifestaciones por parte de diversos grupos sociales y religiosos, que se posicionan de manera antagónica en torno a un tema que ha generado intensos debates a nivel nacional: la aprobación del aborto en el congreso local. Esta discusión, que ha cobrado relevancia en el contexto actual de derechos reproductivos, promete desatar pasiones y divisiones en la sociedad morelense. Por un lado, aquellos que defienden el derecho a la interrupción del embarazo argumentan que se trata de una cuestión de salud pública y de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Para ellos, la legalización del aborto representa un avance en la lucha por la equidad y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, los grupos religiosos y algunos sectores conservadores sostienen que la vida debe ser protegida desde la concepción, y ven la legalización del aborto como una amenaza a los valores familiares y a la vida misma. La confrontación de estas posturas no solo se verá reflejada en las calles, sino también en los pasillos del congreso, donde los legisladores deberán tomar decisiones que impactarán directamente en la vida de muchas mujeres en el estado. Este clima de tensión invita a la reflexión sobre la importancia de un diálogo constructivo que, más allá de las diferencias, busque el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados y atentos a los desarrollos de esta situación, ya que las manifestaciones no solo son un signo del debate en torno a un tema controversial, sino también un recordatorio de la necesidad de un enfoque respetuoso y abierto en la discusión de derechos fundamentales. La forma en que se gestione este debate en Morelos podría sentar un precedente para otras entidades en el país, por lo que es un momento clave para la política y la sociedad morelense.