Seguridad escolar
Con el regreso a clases han comenzado a mencionarse casos de violencia en las escuelas, a pesar de lo tierno que es el ciclo escolar, y de acuerdo con versión de maestros y personal administrativos, muchos alumnos acuden con artículos o artefactos que no están permitidos en los centros escolares, lo que presupone la necesidad o no, de establecer como medida de seguridad, el llamado “operativo mochila o como lo denominó en su momento el gobierno de la Ciudad de México, “Mochila Segura”.
De acuerdo con expertos que formaron parte del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el programa “Mochila Segura” aplicado en escuelas de educación básica en México es “violatorio al derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes”, quienes además advirtieron que el citado plan de acción gubernamental tuvo observaciones negativas por parte del Comité, por lo que incluso habían recomendado al país modificar la política de combate al narcotráfico para garantizar los derechos de la infancia y evitar el reclutamiento forzado.
Para los expertos de la ONU el programa de “Mochila Segura” es una forma de “criminalizar a los niños, de ir endureciendo sus libertades en respuesta a un hecho dramático”. No obstante, advirtieron que se debe “incluir la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera imprescindible en la agenda de la lucha contra el narcotráfico”.
Estamos claros de que en los últimos años se han registrado varios accidentes protagonizados por movilidades escolares. La gran mayoría de ellos se pudo evitar, pero hubo imprudencia, y los controles de las autoridades fallaron.
A su vez, debemos recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la aplicación de “El Operativo Mochila Segura” (“El Operativo”), durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México, por lo cual dirigió la Recomendación 48/2019 a la Secretaría de Educación Pública.
Tras investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “El Operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, el Organismo Constitucional Autónomo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que “El Operativo” no cuenta con un Protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
Incluso, frente a la demanda de algunos sectores que se han pronunciado a favor del operativo ese órgano no jurisdiccional, recomendó al titular de la SEP que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está recomendando al Secretario de Educación Pública atender las observaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para determinar si es procedente la continuación de “El Operativo” y, en su caso, se aplique como medida de protección y cuidado en favor de niñas, niños y adolescentes, pero bajo un enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez; conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados de “El Operativo”, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional.
Sin embargo, es importante considerar todas las voces y en el caso de la seguridad escolar, sin duda que se deben aplicar programas integrales para garantizar la salvaguarda de la integridad, alumnos y personal administrativo de los centros escolares y no sólo centras todo en un operativo que consiste en invadir la intimidad y violentar las pertenencias de los niños y las niñas.
Seguridad, desde luego que todos la queremos en las escuelas, pero como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la seguridad o la inseguridad comienzan desde casa, porque siendo realistas, cualquier operativo o acción tiende a fracasar si en principio no hay un padre o tutor responsable que cuide de forma integral la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Por nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, debe impulsarse desde todos los ámbitos de gobierno una cultura de respeto a la legalidad, de sana convivencia y respeto entre iguales, porque de no ser así, insistimos que ninguna estrategia o política de esta naturaleza tendrá éxito.
