Segun los resultados que arrojó la supervisión de los centros de arresto administrativo y módulos de prisión preventiva durante el 2021, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHMor), las condiciones en las que se encuentran y se manejan los Centros de Arresto Municipal, son malas. De hecho, tras esta inspección, los 36 ayuntamientos de Morelos están reprobados en la supervisión de los centros de arresto en los municipios durante el 2021.
La labor, fue compartida y difundida por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, Julio Cesar Solís Serrano, quien pidió a los ediles, a atender las recomendaciones que el organismo de los Derechos Humanos en Morelos generó para mejorar condiciones en los Centros de Arresto Municipal; pero sobretodo, para no violentar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
El estudio, detalla que el 63.8% de los ayuntamientos en Morelos tuvieron una calificación de 5.3, reprobando la evaluación del instrumento: Se registraron omisiones para mejorar las condiciones físicas y operativas de los centros de retención en los municipios, pero también se registraron una serie de incidentes que fueron claves para argumentar que en estos sitios, se violentan los derechos fundamentales de las personas al momento de ser recluidas.
El texto, dará mucho de sí y será para muchos munícipes, guía clave para mejorar este aspecto de la administración municipal, aunque la gran mayoría de ellos, estén lidiando con el problemas de las deudas heredadas, los laudos laborales vencidos y los salarios que sus antecesores no cubrieron y no volteen los ojos a esta área, más que para contabilizar los pesos que pudieran generarse por concepto de multas e infracciones.
Los llamados pomposamente“Centros de Arresto Municipal” no son más que espacios minúsculos, sucios, sin mingitorios y si los hay, muy sucios, con instalaciones severamente descuidadas y en algunos casos, se convierten en escenarios de historias escalofriantes como suicidios (como el caso que se registró el pasado viernes 21 de enero en las instalaciones del Juez Cívico ubicado en la colonia Satélite de Cuernavaca), abusos de los derechos de los ciudadanos y hasta el escenario de linchamientos (como ocurrió el año pasado en Huitzilac o años más atrás en Xoxocotla) Un área, que la gran parte de los gobernantes omiten y cuyos problemas se deben de atender y, remediar.
INDIGNANTE: Que funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) exigían a ciudadanos morelenses, la mitad de las indemnizaciones a las que tenían derecho, a cambio de autorizar y acelerar los trámites para la obtención de los apoyos financieros. Los montos van desde los 250 mil a los 700 mil pesos y eran gestionados para las familias de víctimas de todos los delitos de altoimpacto por algunos funcionarios de la CEAV, a cambio de que los beneficiarios les entregaran el 50 por ciento del dinero al quetenían derecho con base en la Ley deAtención a Víctimas. Según la denuncia presentada por Penélope Picazo Hernández, titular del organismo ante laFiscalía Anticorrupción, cinco exfuncionarios del área jurídica son los más señalados de dichas irregularidades; sin embargo, no se descarta que otros funcionarios de otros niveles del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreú pudieran estar involucrados. Es difícil imaginar un escenario de ese tipo, que el acelerar un trámite tenga un precio o que el dolor que las familias enfrentan, se cuantifique conforme al criterio de funcionarios deshonestos. Ojala que ahora si, la Fiscalía Anticorrupción haga su tranbajo como corresponde.
*IR