La Fiscalía General del Estado cuenta con una ampliación de un mes y 15 días para cerrar la investigación contra Ulises Bravo Molina, acusado de violencia intrafamiliar.
Durante audiencia celebrada en la Sala 2 del Juzgado de Control en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el Juez Luis Guillermo Ortega Castillo fijó el 15 de enero como fecha límite para que la Fiscalía, a cargo de Uriel Carmona Gándara, cierre la investigación, así como la reunión de pruebas contra el hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En torno al proceso, durante meses ha habido un ambiente enrarecido, lo mismo por las disputas y las recriminaciones de ambas partes en conflicto, como porque se ha puesto en tela de juicio la propia actuación del juzgador en audiencia pasada, en la que se decidió no vincular a proceso a Bravo Molina, e incluso tanto el Ministerio Público como los asesores de la parte acusadora se llevaron una reprimenda del juez afirmando que no habían sustentado correctamente el caso, en una maratónica sesión que se prolongó alrededor de 15 horas.
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Después de la apelación, en la que Liu León y sus asesores legales acusaron la mano e influencia del hermano del acusado, quien aún se desempeñaba como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reinició el caso, no sin que la víctima acusara favoritismos y la alianza del todavía mandatario estatal con el Tribunal Superior de Justicia, a través de su titular, Jorge Gamboa Olea, para que Bravo Molina saliera venturoso, y que estaba dispuesta a seguir luchando por obtener justicia.
Se reinició el proceso, y ahora, en tanto la Fiscalía General afirma que hace falta localizar un testigo clave en el caso y pidió más tiempo para terminar las investigaciones, la agraviada, Liu León Luna, acusa también a Ulises Bravo de promover una campaña de odio en su contra a través de las redes sociales.
Por su parte, Bravo Molina ha insistido en que, en este caso, él es víctima de Liu León Luna, de quien asegura ha recibido numerosas agresiones, y que probará su inocencia, por lo que responsabiliza al Fiscal, Uriel Carmona Gándara, de cualquier cosa que pueda ocurrirle.
Es oportuno destacar que el juez negó la ampliación de medidas cautelares que pidió la Fiscalía, que consistían en retirarle el pasaporte e impedirle salir del país a Bravo Molina, para evitar el riesgo de fuga del acusado.
Del plazo original de dos meses que la Fiscalía había solicitado para culminar la investigación, a final de cuentas, el juez Ortega Castillo determinó otorgarle solamente un mes con 15 días, que se vencen el 15 de enero, para que se cierre el período de investigación.