El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, sigue insistiendo que es legal el haber de retiro que se autoasignaron en el Poder Judicial de Morelos, por lo que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dé la razón y falle a su favor.
“Confiamos en que la SCJN ratifique lo que ya ha dicho, lo que ha manifestado en diversas ejecutorias de amparo y en otras resoluciones que ha dictado la Corte, en donde se ha pronunciado ya porque las jueces, los jueces, magistradas y magistrados tenemos derechos”, señala en titular del Poder Judicial.
Hay precedentes de que la Corte ha fallado en este sentido, afirma Gamboa Olea. Los poderes Ejecutivo y Legislativo están explorando vías para refutar este derecho, afirma, pero será el máximo órgano juzgador del país el que tenga la última palabra.
“Creo que el Ejecutivo y el Legislativo están explorando, están en su derecho; nosotros tendremos que hacer lo que nos toca, que es la defensa de lo que nosotros consideramos es un derecho adquirido, como trabajadores al servicio del estado”, agregó.
Y, paralelamente, Gamboa Olea se queja de que no ha habido recursos extraordinarios para modernizar la justicia en la entidad y que este año, al parecer, tampoco habrá financiamiento para ello.
“Para la reforma penal hubo un recurso destinado, para la reforma laboral hubo recurso destinado de la federación, pero en materia de justicia familiar no nos dieron ningún recurso, y pareciera que tampoco este año no habrá ningún recurso para ello”, lamenta el titular del TSJ, cuando lo que hasta ahora parece importarle más que la modernización para impartir justicia y consolidar la oralidad es defender a toda costa las llamadas “pensiones doradas”.
Refirió que la Corte también analiza un recurso interpuesto debido a la reducción del presupuesto del Poder Judicial, contraviniendo la ley, y es un caso que también está por resolverse. Son más de 883 millones de pesos sobre los que se centra la discusión en ese caso particular.
“Estamos en controversia constitucional porque el año pasado hubo la aplicación de una irreductibilidad, que está prohibida, y estamos esperando la resolución de la Corte”, y afirma que más que un problema para los justiciables -como si no importaran- el problema sería el pago para los jubilados, porque afirma que no tendrían recursos para cubrir sus pagos para mil 600 trabajadores, a lo que se destinan 800 millones”.
“Lo único que nosotros pediríamos -en materia presupuestaria para 2025- es que se mantuvieran los criterios que la Corte ha sostenido que se tienen que respetar”, afirma. También asegura que al interior del Poder Judicial de Morelos hay una “racionalidad” en el gasto, pero que les faltan recursos para poder crecer, hay muchas necesidades.
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