1.- La balacera ocurrida en el área de urgencias de la Clínica Uno del IMSS en Plan de Ayala, Cuernavaca, es una demostración de los niveles de violencia y descomposición social que estamos padeciendo en Morelos. El miedo generalizado entre los familiares de personas enfermas y personal médico y de enfermería ante los disparos de balas realizados por quienes hirieron en Tejalpa a una persona y trataron de rematarlo cuando era atendido en éste centro médico, es una experiencia traumática como nos lo expresaron enfermeras que jamás en su vida habían presenciado algo así en éste lugar. La falta de protocolos de seguridad y de medidas de prevención es producto de estrategias fallidas de los gobiernos que han priorizado el uso de la fuerza en lugar de labores de inteligencia para combatir a quienes cometen ésta clase de crímenes que se mantienen en la impunidad en su inmensa mayoría. Es urgente que se tomen las medidas políticas para garantizar una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos para terminar con ésta espiral de violencia.
2.- Los feminicidios ocurridos dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 de Coatlán del Río son encubiertos con supuestos suicidios de mujeres que se encuentran privadas de la libertad y también son privadas de la vida en algunos casos absolutamente sospechosos, porque son localizadas con lesiones que no pudieron haber sido autoinfligidas como pretenden las autoridades. A pesar de las denuncias de familiares y de recomendaciones de organismos de derechos humanos y de la Defensoría Pública que ha interpuesto amparos para que se les brinden las adecuadas atenciones médicas y de terapias psicológicas, la negligencia criminal de las autoridades del penal sigue ocasionando muertes que deberían ser investigadas con el protocolo de feminicidios que está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con la muerte por asfixia de una mujer privada de la libertad originaria de León, Guanajuato, ya van 5 casos de supuestos suicidios en éste año 2024 y suman ya 18 casos que permanecen en la impunidad. Apenas se denuncia un caso y otro ocurre al día siguiente, por lo que es muy importante que en próximos días se llevará a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abordará el caso del Cefereso 16.
3.- La crisis de derechos humanos existente en el país impide que se realicen las intervenciones inmediatas de quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de éstas garantías fundamentales en todos los ámbitos de la vida a nivel nacional. Es lamentable que en lugar de atender a las víctimas, quienes están al frente de las instituciones como la CNDH pretendan la reelección utilizando cartas apócrifas y fraudulentas, en lugar de hacer funcionar todos los mecanismos de vigilancia y supervisión en las cárceles y en los hospitales para evitar éste tipo de situaciones de violencia, inseguridad y muerte. La historia pone a cada quien en su lugar y esperamos que no continúe la subordinación de la CNDH al poder en turno como ha ocurrido en este período, ya que si bien la apuesta que hicimos por lograr su verdadera autonomía ha significado persecución y criminalización, estamos seguros que vamos a ganar frente a sus abusos, porque tenemos la razón y el derecho a la libertad de expresión en casos como el de Ayotzinapa y el papel del Ejército como lo denunciamos en su momento.
4.- El lastre que ha significado históricamente la falta de justicia se hace presente en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Miles de juicios, amparos, audiencias y trámites jurídicos que se han quedado sin atender para decenas de miles de víctimas durante éstos meses de parálisis del Poder Judicial, ponen en evidencia la necesidad de que se vaya a fondo en la modificación estructural del mismo, más allá de la elección popular de jueces y magistrados, incluyendo también la modificación del papel que desempeñan las Fiscalías y las instituciones de seguridad pública.
5.- Los pueblos que han recurrido a amparos para enfrentar las negligencias y omisiones del Poder Legislativo, como es el caso del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, están a la espera de la reanudación de actividades de los juzgados para hacer valer sus derechos ante el Congreso del Estado de Morelos que sigue dando largas al trabajo de las Comisiones Unidas para concluir un proceso iniciado hace ya casi cinco años. Mientras tanto, la preparación y organización para el ejercicio de su autonomía y libre determinación, se continúa a través del estudio de sus estatutos y sistemas normativos, así como en la participación en espacios abiertos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través del Diplomado en Derecho Indígena que, en ésta ocasión, abordó el tema de los lugares sagrados en el marco de los planes de justicia para la defensa del territorio que se están llevando a cabo con los pueblos wirrarikas, Odam, Nayeri y Mexican, que también incluirán a los pueblos nahuas en los próximos meses.
6.- Lograr sumar esfuerzos y voluntades para construir otra realidad posible, implica diseñar una estrategia de lucha independiente desde los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y organizaciones sociales y sindicales, que den respuesta a estas graves situaciones y exijan el respeto a los derechos y demandas que se han ido acumulando a lo largo de décadas de gobiernos autoritarios y neoliberales, por lo que será muy importante la realización de la VI Conferencia Nacional de la Nueva Central de las y los Trabajadores los días 23 y 24 de noviembre de 2024 en las instalaciones del SME en la Ciudad de México.
7.- Siempre que haya desafíos por delante, hay que celebrar la capacidad de organización y resistencia de pueblos indígenas y organizaciones sociales y sindicales, para construir el polo unitario de la clase trabajadora que es urgente y necesario.