La reforma al Poder Judicial, ha sido objeto de discusión en diferentes sectores de la sociedad, pues por una parte quienes alegan que se trata de una iniciativa que ayudará a eliminar la corrupción, mientras que otros afirman que la modificación al texto constitucional implica un retroceso al sistema de justicia, porque atenta la autonomía e independencia judicial.
Sin embargo, aún y cuando la reforma fue aprobada en el mes de septiembre, continúa generando conflictos entre los Poderes de la Unión, derivado de la renuencia que impera en los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos pretenden imponer su criterio sobre el Poder Judicial. Muestra de ello es el acto realizado por la máxima mandataria del país, quien deliberadamente decidió ignorar una suspensión federal, en la cual se ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la Reforma Judicial, bajo el argumento de que la misma carece de sustento jurídico y que ningún Juez puede estar por encima del pueblo.
Lo antes dicho, deja en evidencia el desconocimiento de la Ley, pues precisamente una de las facultades del Poder Judicial es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos, por lo que el no acatar estas resoluciones pone de manifiesto la inexistencia del Estado de Derecho y la anarquía en la que se encuentra el país, pues se ignora que el violar una suspensión configura un delito y puede provocar la inhabilitación del cargo. Además, aun y cuando se pretenda el sustituir a los Juzgadores, ello no implica que los todavía titulares de los juzgados, hayan perdido sus facultades, ni que sus resoluciones hayan perdido valor jurídico obligatorio; pero bien, el actuar de la presidenta y sus aliados, evidencia un total y descarado autoritarismo.
Por lo anterior, a pesar de que a la ciudadanía se le engaña diciéndole que el propósito de la reforma es combatir la corrupción, cierto es que han comenzado a evidenciarse los verdaderos intereses que el Poder legislativo tiene con relación a este tema, pues como ha sido expuesto, la reforma Judicial plantea que la elección de ministros, magistrados y jueces sea mediante voto popular, empero, para poder llegar a este ejercicio “democrático”, los perfiles deben de ser examinados por un Comité de Evaluación, que se encargará de la inscripción y selección de las postulaciones de candidatos. Es decir, el comité será un filtro importante en la selección de las personas que llegaran a la contienda por los cargos. Por lo que, al ser un pilar de interés, dio pie a la lucha por el poder entre los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, ya que Gerardo Fernández Noroña, reveló que Ricardo Monreal, pretendía que este órgano legislativo nombrara a tres de los cinco miembros del comité.
Para concluir, debe quedar claro, que la voz del pueblo no radica en una sola persona y que a los juzgadores no se les vea como espacio de oportunidad personal o de grupo; y por último, si no respetamos la ley y no reconocemos a las autoridades competentes, estamos aplicando la Ley del Talión, es decir, cada quien que se haga justicia con su propia mano y con ello se estará concretando una dictadura cínica.