CASO DUDOSO. La reciente designación de 11 nuevos jueces y juezas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ha despertado una serie de interrogantes que no podemos ignorar. Realizada en una acción que parece haber sido deliberadamente mantenida en un perfil bajo, esta decisión ha pasado casi desapercibida para la sociedad, que merece claridad y transparencia en los procesos judiciales. El silencio del TSJ es revelador. En un contexto donde la confianza en las instituciones es más necesaria que nunca, el hecho de que no se haya emitido un comunicado oficial sobre estas designaciones genera suspicacias. ¿Por qué no han informado a la sociedad sobre el proceso de selección? La falta de comunicación sugiere que hay algo que esconder, lo que a su vez alimenta la percepción de que el proceso ha sido irregular y, posiblemente, favorecido por intereses particulares. Los rumores que giran en torno a la designación de estos nuevos jueces apuntan a una posible manipulación del proceso, donde allegados al presidente del TSJ, Rubén Gamboa, habrían tenido un papel protagónico. Esta situación resulta preocupante, especialmente considerando que se trata de figuras clave en la administración de justicia en un estado que ha enfrentado serios desafíos en este ámbito. La independencia del poder judicial es fundamental para garantizar un estado de derecho, y cualquier indicio de favoritismo o corrupción socava esa independencia.
SIN DINERO Y SIN NADA. La reciente declaración de la gobernadora Margarita González Saravia ha puesto en evidencia lo que muchos ya sospechaban: la gestión de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó a las arcas estatales en una situación crítica. Al confirmar que el exgobernador no logró aportar recursos significativos al estado, la nueva administración se enfrenta a un desafío monumental en el cierre de su mandato. La promesa de Blanco de transformar Morelos se ha visto desmentida por la realidad de unas finanzas públicas debilitadas, lo que obliga a González Saravia a buscar recursos extraordinarios para cubrir gastos previstos en esta última etapa. La gobernadora, al asumir el cargo, se encontró con un panorama desolador. No solo es necesario atender las necesidades urgentes del estado, sino que también se requiere un enfoque proactivo para asegurar el financiamiento de instituciones clave, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que enfrenta serios problemas financieros. Este asunto es particularmente alarmante, ya que la educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo y el futuro de la región. La falta de recursos en las arcas estatales pone de manifiesto la ineficacia de la administración de Blanco, quien, a pesar de sus promesas y su carisma, no logró establecer las bases necesarias para el crecimiento económico y el bienestar social. La gestión pública requiere no solo de buenas intenciones, sino de una planificación estratégica y una ejecución eficiente de políticas que fortalezcan las finanzas del estado.
HORROR. Ha trascendido la noticia sobre el hallazgo de los restos de dos biólogos investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha enviado ondas de indignación y dolor a través de la comunidad estudiantil y académica. Se ha informado que estos profesionales habrían sido secuestrados hace aproximadamente un mes, y su trágico destino es un recordatorio devastador de la creciente violencia que ha marcado la vida en el estado, así como del legado sombrío que dejó la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Este hecho no solo es una pérdida irreparable para las familias de los investigadores, sino que también es un golpe brutal para la investigación científica en una región que ya enfrenta serios desafíos en términos de seguridad y bienestar social. La comunidad universitaria, que debería ser un espacio de creatividad, innovación y desarrollo, se encuentra ahora sumida en la tristeza y la rabia ante la impunidad que parece reinar en el estado. La responsabilidad recae ahora en la Fiscalía del Estado, liderada por Uriel Carmona, quien tiene la imperiosa tarea de esclarecer este horrendo crimen y dar con el paradero de los responsables. La sociedad morelense exige justicia, y es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y transparencia en la investigación. El clamor por justicia no solo es un llamado a honrar la memoria de los biólogos, sino también un grito de esperanza para todos aquellos que buscan un entorno más seguro y digno para vivir y trabajar. Este trágico suceso subraya la necesidad urgente de reformar las políticas de seguridad.
SIN VERGÜENZA. Mientras Omar Taboada Nasser, ex encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Morelos, disfruta de su tiempo y se exhibe en plazas comerciales y antros de la capital morelense, la actual titular de la secretaría, Margarita Galeana Torres, se enfrenta a un desafío crucial: el proceso de entrega-recepción que debe concretarse antes del 15 de octubre. La situación revela no solo una falta de responsabilidad por parte de Taboada, sino también una preocupante cultura de impunidad que parece permear en el ámbito gubernamental. La ley establece claramente los procedimientos que deben seguirse en la transición de poderes, y el incumplimiento por parte de un exfuncionario puede tener graves repercusiones. La advertencia de Galeana Torres de que, de no presentarse, se daría vista a la Secretaría de la Contraloría y se iniciarían los procesos administrativos adecuados, es un paso importante, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de las sanciones en casos como este. La imagen de Taboada paseando despreocupadamente mientras evade sus responsabilidades es un insulto no solo para la administración pública, sino también para los ciudadanos de Morelos que exigen transparencia y rendición de cuentas. En un momento en que el estado enfrenta serios problemas económicos y sociales, la falta de compromiso de funcionarios salientes para dejar un legado de honestidad y trabajo es inaceptable.