Las nuevas autoridades de Morelos se encuentran en una encrucijada crítica apenas una semana después de asumir sus responsabilidades. Lo que se ha revelado hasta ahora es un panorama sombrío que refleja la corrupción endémica que ha carcomido las estructuras de gobierno en el estado. Desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) hasta la Secretaría de Hacienda, las irregularidades son tan numerosas que resulta difícil encontrar un rincón del gobierno que no esté manchado por el abuso y el desvío de recursos.
El caso de SEDAGRO es emblemático y, al mismo tiempo, un microcosmos de lo que se ha encontrado en otras dependencias. Omar Taboada, el ex encargado de despacho, no solo evadió su deber de entregar la dependencia de manera formal; su legado incluye bodegas familiares repletas de fertilizantes, maquinaria y equipo que suscitan serias preguntas sobre la gestión del patrimonio público. Este tipo de hallazgos no son meras anécdotas, son indicativos de una cultura de impunidad que prevaleció en el gobierno morelense que encabezó Cuauhtémoc Blanco.
La situación se agrava cuando se considera que, según fuentes cercanas a la revisión de las dependencias, es prácticamente imposible que alguna de las áreas que entregó el ahora diputado federal Cuauhtémoc Blanco se encuentre sin observaciones de irregularidades. La corrupción, el desvío de recursos y los saqueos son los males que han ido surgiendo en el proceso de auditoría. Este escenario no solo es desalentador, sino que también que representa un reto importante para las nuevas autoridades para hacer frente a una herencia tan tóxica, desterrarla y buscar castigo para quienes hay incurrido en esas reprobables prácticas.
Particularmente preocupante es el caso de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), donde las irregularidades parecen alcanzar proporciones aún mayores. La seguridad pública, un tema fundamental para el bienestar de cualquier estado, está bajo el escrutinio de un sistema que ha sido explotado y debilitado por intereses personales. Las nuevas autoridades deben actuar con firmeza para desmantelar las redes de corrupción que han socavado la confianza de la ciudadanía.
Es esencial que en este proceso de revisión y saneamiento, las nuevas autoridades que encabeza la gobernadora Margarita González Saravia, no solo se enfoquen en la identificación de irregularidades, sino que también implementen medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. La confianza de los ciudadanos en sus gobernantes se ha visto severamente dañada, y recuperar esa confianza es una tarea monumental que requerirá no solo de voluntad política, sino de acciones contundentes y visibles.
Morelos se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que tomen las nuevas administraciones en las próximas semanas y meses podrían definir el rumbo del estado en los años venideros. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de justicia; es una necesidad urgente para el desarrollo y el bienestar de la sociedad morelense. La ciudadanía merece un gobierno que actúe con integridad y que esté a la altura de las expectativas de una sociedad que ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo.