NO LLEGÓ. La inauguración del entronque de la autopista La Pera-Cuautla había sido anunciada como un evento significativo, no solo por su impacto en la infraestructura de Morelos, sino también por la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado: las inclemencias del tiempo, sumadas a la protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se convirtieron en el pretexto perfecto para que ambos líderes no asistieran al acto. La cancelación de este evento no es meramente un inconveniente logístico. Revela, una vez más, la precariedad de esa obra pública ejecutada por la empresa VISE. El entronque de la autopista La Pera-Cuautla, según informes, no se encuentra ni al 70% de su construcción, lo que pone en entredicho la capacidad de la empresa en cuestión para gestionar y cumplir con los plazos establecidos. Este retraso no solo afecta la imagen del gobierno, sino que también repercute en la vida cotidiana de los ciudadanos que dependen de una infraestructura adecuada y eficiente. Además, la presencia de trabajadores del Poder Judicial, protestando contra las reformas al sistema de justicia, añade una capa de complejidad a la situación. Este tipo de movilizaciones son un reflejo del descontento que se vive en diversas áreas del sector público, y subraya la importancia de que las autoridades escuchen y atiendan las demandas de quienes operan dentro del sistema de justicia. La falta de asistencia de los líderes a la inauguración podría interpretarse como una falta de atención a los problemas que afectan a los trabajadores y, por ende, a la ciudadanía. En un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial, tanto el gobierno federal como el local deben demostrar que están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. La excusa del mal tiempo puede ser entendida en un primer momento, pero no debe convertirse en un refugio para evadir responsabilidades. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones efectivas, no solo en materia de infraestructura, sino también en la atención a las inquietudes de los trabajadores del país.
PISTA DE ATERRIZAJE. A medida que se acerca el final de la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco, la sombra de la corrupción vuelve a salir a la luz con la revelación de una extensa lista de aviadores en el gobierno morelense. Este escándalo, que incluye a personas que cobraron un salario sin presentarse a trabajar, plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. Entre los señalados se encuentran familiares, amigos, cuñados e incluso ex compañeros de fútbol del propio ex futbolista, lo que sugiere un uso del poder que se asemeja más a un favoritismo desmedido que a una administración responsable. La existencia de aviadores en el servicio público no es un fenómeno nuevo en México, pero en este caso, la situación se vuelve aún más alarmante debido a las conexiones personales que involucra. La percepción de que el gobierno se ha convertido en un espacio para el nepotismo y el abuso del poder es profundamente preocupante, especialmente en un estado que ha enfrentado desafíos significativos en términos de desarrollo y seguridad. La corrupción no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus líderes, sino que también desvía recursos que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los morelenses. Cada peso que se destina a un aviador es un peso menos para servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. La falta de rendición de cuentas y de mecanismos eficaces para detectar y sancionar este tipo de prácticas refleja una debilidad sistémica que debe ser abordada urgentemente por las autoridades entrantes. Es fundamental que la próxima administración tome medidas decisivas para limpiar la casa y restaurar la confianza en el gobierno. Esto incluye no solo investigar a fondo las denuncias de aviadores, sino también implementar políticas que prevengan la corrupción en el futuro. La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la nueva era que se avecina. En conclusión, el legado de la administración de Cuauhtémoc Blanco no puede quedar marcado únicamente por los logros y las promesas cumplidas, sino también por la necesidad de afrontar de manera contundente los actos de corrupción que han manchado su gestión. Morelos merece un gobierno que actúe con integridad y que priorice el bienestar de sus ciudadanos sobre los intereses personales. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos, y es tiempo de que los morelenses exijan la verdad y la justicia.
EN LA MIRA. La situación en el municipio de Ayala, bajo la administración del exalcalde Isaac Pimentel, ahora diputado local, ha tomado un giro inquietante con el reciente cateo del Registro Civil por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Este operativo se enmarca en las investigaciones relacionadas con la detención de una banda dedicada al robo de menores en Cuautla, lo que revela una red de corrupción y complicidades que van más allá de lo que se podría imaginar. Las acusaciones de que en el Registro Civil de Ayala se emitían actas apócrifas para la venta o adopción ilegal de niños robados son un indicativo alarmante de hasta dónde puede llegar la corrupción en las administraciones públicas. Este tipo de prácticas no solo es un ultraje a la ley, sino que representa una violación grave a los derechos humanos de los más vulnerables: los niños. La implicación de un exalcalde en este escándalo pone en tela de juicio no solo su gestión, sino también el legado que deja en un municipio que, como muchos en el país, ha enfrentado retos significativos en términos de seguridad y bienestar social. La corrupción no es un fenómeno aislado; es un sistema que se alimenta de la impunidad y de la falta de mecanismos de control que permitan a la ciudadanía confiar en sus instituciones. Es fundamental que las autoridades actúen de manera decidida y transparente en este caso. No solo se trata de investigar a los responsables inmediatos, sino de desmantelar las redes que permiten que estas prácticas ilegales continúen. La justicia debe ser una prioridad, y los ciudadanos merecen respuestas claras sobre cómo se están manejando sus instituciones.
ABUSO AL VOLANTE. La creciente ola de denuncias sobre abusos contra adultos mayores en Morelos es un tema que no solo merece nuestra atención, sino que exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades. José Isaías López, delegado de los Programas de Bienestar en la entidad, ha alertado sobre un fenómeno particularmente alarmante: los robos perpetrados por operadores de taxis que aprovechan la vulnerabilidad de los ancianos, especialmente cuando estos acuden a cobrar sus pensiones del programa "65 y más". Los adultos mayores son una población que merece respeto y protección, y este tipo de abusos es una clara violación de sus derechos. El hecho de que algunos conductores de taxis, que deberían ser proveedores de un servicio seguro y confiable, se conviertan en delincuentes que explotan a quienes, en muchas ocasiones, viven con recursos limitados, refleja una profunda falta de ética y empatía en nuestra sociedad. Además de las implicaciones morales, esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad y vigilancia en el transporte público, así como de informar y educar a los adultos mayores sobre cómo evitar caer en estas trampas. La creación de protocolos de seguridad y la capacitación de los operadores de transporte son pasos necesarios para garantizar la integridad de los usuarios más vulnerables. Es fundamental que las autoridades no solo escuchen estas denuncias, sino que actúen de manera proactiva. Se deben establecer mecanismos que permitan a los adultos mayores reportar incidentes de manera fácil y segura, y que garanticen que se tomen acciones efectivas contra los responsables.