Una auditoría a fondo a la anterior Legislatura, exigió el Foro Morelense de Abogados, encabezado por Pedro Martínez Bello, quien no solo acusa malos manejos de recursos económicos, sino complicidades con la Fiscalía General del Estado, así como venta de magistraturas.
Considera indispensable que quien ahora preside el Congreso de Morelos, la diputada Jazmín Solano López, realice una revisión a fondo del desempeño tanto financiero como del actuar de los integrantes de la anterior Legislatura, toda vez que incluso se designó a incondicionales en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Por tanto, plantea: “Es responsabilidad jurídica de la diputada presidente, Jazmín Solano López, llevar a cabo una auditoría a fondo contra sus antecesores e iniciar las denuncias correspondientes por saquear al erario, ya que los morelenses queremos revisión a las finanzas y no borrón y cuenta nueva, queremos que se trasparente la aplicación del uso de los recursos públicos ejercidos por la legislatura pasada”.
La nueva Legislatura no debe convertirse en cómplice de la corrupción en que incurrieron sus antecesores y que no solo se circunscribe al manejo de sus recursos, sino a complicidades con la Fiscalía General, lo mismo que venta de magistraturas, afirma Martínez Bello.
“Exigimos a los diputados integrantes de la Quincuagésima sexta Legislatura, presidida por la diputada Jazmín Solano López, revisar el gasto hecho por sus antecesores, porque es evidente que durante tres años hicieron mal uso del recurso público, principalmente este año, al contar con más de 500 millones de pesos de presupuesto anual y solamente dejar en caja 64 millones. Es obvio que utilizaron el recurso de manera discrecional”, señala el titular del Foro Morelense de abogados.
Y agrega: “La Quincuagésima quinta Legislatura tuvo un déficit histórico en su labor, y actuó con un alto grado de corrupción al imponer a sus incondicionales en espacios de poder como la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para evitar cualquier tipo de revisión al presupuesto. Es indignante cómo estos diputados de manera cínica vendieron 11 magistraturas en cinco millones de pesos cada una”.
También critica la “benevolencia” con que tanto a Legislatura como la Entidad de Fiscalización han tratadoal tan cuestionado responsable de la procuración de justicia en la entidad: “Además, su complicidad con el Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona, entre otros temas”.
Considera que esta LVI legislatura no debe ser cómplice de la anterior, ocultándole sus delitos, porque es su obligación jurídica denunciar a los diputados que le dieron mal uso a los recursos públicos y que, abusando de su cargo, incurrieron en excesos, en perjuicio de los morelenses.
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