La decisión del presidente López Obrador de formalizar y extender el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal es altamente preocupante y constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia en México. La intervención militar en labores de seguridad pública ha demostrado ser ineficaz y ha resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Desde 2006, los militares han estado desplegados en labores de seguridad pública, sin lograr poner fin a la violencia de los cárteles mexicanos y propiciando innumerables atrocidades con casi total impunidad. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias son solo algunas de las violaciones cometidas por soldados y marinos en el país.
Este nuevo esquema impulsado por el presidente López Obrador de transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la posibilidad de que los militares realicen tareas de seguridad pública de manera indefinida, es alarmante según defensores de derechos humanos. Esto permitirá que las fuerzas armadas continúen realizando tareas tradicionalmente reservadas a las autoridades civiles, con el riesgo de cometer más abusos y violaciones de derechos humanos.
Para los especialistas es fundamental que el gobierno mexicano abandone esta estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada y se enfoque en fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en el país. Es necesario que se garantice la rendición de cuentas por los abusos cometidos por las fuerzas armadas y que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos.
La sociedad mexicana y la comunidad internacional deben estar alerta ante esta situación y exigir al gobierno de México que respete los derechos humanos y la transparencia en todas las acciones que emprenda en materia de seguridad pública. La militarización de la seguridad no es la solución, y es urgente buscar alternativas que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas en el país.