Locatarios del mercado de Tetela del Volcán se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno, en demanda de que no sea expropiado el terreno en el que está asentado el centro de abasto. Afirman que después de 30 años que tienen desempeñando su labor en el inmueble, apareció un supuesto dueño del predio en el cual fue edificado y ahora está exigiendo que su propiedad le sea devuelta o que le paguen por ella.
Los comerciantes arribaron a la Plaza de Armas, nombraron una comisión que entraría a dialogar con las autoridades estatales y se apostaron en el enrejado acceso al recinto, en espera de que en la reunión participara el presidente municipal. Su preocupación por la posibilidad de perder sus locales, un patrimonio y fuente de sustento económico para sus familias, estaba reflejada no solo en sus rostros, sino en sus pancartas.
Los locatarios, que aguardaron tensos afuera, esperaban que el alcalde y las autoridades pudieran conciliar posturas para adoptar las decisiones conjuntamente, que no perjudiquen a los vendedores ni a los miles de usuarios que diariamente acuden a realizar sus compras. A la salida del encuentro, el alcalde Luis Antonio Martínez Flores, afirmó que las autoridades estatales le respondieron que en las dos semanas que les quedan de gestión es imposible que puedan solucionar algo, por lo que se comprometieron a firmar una carta compromiso de que la siguiente administración los atienda.
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Refirió que el predio está valuado en un millón 800 mil pesos, y de las actividades en el mercado dependen numerosas familias, que evidentemente están sorprendidas de la aparición, después de tantos años, de alguien que se dice dueño y que reclama la devolución o indemnización por el predio que, afirma, le pertenece.
Son alrededor de 125 comerciantes los que resultarían afectados si el mercado cambia de manos, junto con sus familias. El alcalde Luis Antonio Martínez Flores y sus representantes les informaron que las autoridades estatales los canalizarían ante las instancias que podrían ayudarles a llegar a acuerdos.
“Queremos la certeza jurídica de que mañana no les quiten sus locales o que les quiera vender uno a nuestros locatarios. Para la certeza legal buscamos un procedimiento y por eso entablamos pláticas con las autoridades del gobierno estatal para ver cuál es la vía de solución”, declaró el alcalde.
No obstante, señaló de la postura del gobierno estatal: “Nos advirtieron que prácticamente no se puede terminar con el problema en esta administración, que lo que podían hacer es elaborar una carta certificada para que le dé el seguimiento la administración siguiente”. Y, lamentablemente, es lo mismo que ocurre con las autoridades municipales, pues Martínez Flores termina su mandato en diciembre, por lo que urgen soluciones para los vendedores y sus familias.