La Reforma Judicial se aprobó en el Senado, se concretó el mandato de 36 millones de mexicanos que apoyan la transformación de fondo para beneficio del país. La derecha nulificada y sin entender que pasa a su alrededor tendrá que digerir su derrota que al parecer no alcanzó a dimensionar el pasado 2 de junio.
Hasta la mañana del jueves la mencionada reforma ya había sido aprobada en 18 legislaturas locales incluida la de Morelos, por lo que solo resta que esta se publique por el Presidente de la República y se convierta en una realidad. La obligación es que sea aprobada en la mitad más uno de los congresos locales, así que esa condición ya se cumplió.
Y a propósito del Congreso de Morelos esta nueva legislatura ya está en funciones, así que la expectativa de un desempeño honesto y pulcro es latente, sobre todo porque esta vez el ejecutivo será un factor importante como motor de contrapeso a la corrupción. A diferencia de trienios anteriores, esta vez la gobernadora electa quien va a rendir protesta el próximo 1 de octubre es una persona sin cuestionamientos de ninguna índole, por lo que su calidad moral está por encima de cualquiera de sus antecesores. Ese será un factor fundamental en el quehacer público en este sexenio.
Una de las tareas principales de esta legislatura, será generar las condiciones jurídicas apropiadas para cambiar muchas cosas que afectan la vida de miles de morelenses, por no tener un marco normativo acorde a los tiempos actuales. Los estados circunvecinos como la CDMX, el Estado de México y Puebla cuentan con una legislación de vanguardia y que coadyuva a que el ejecutivo tenga condiciones adecuadas para ser más eficiente y efectivo en las tareas que tiene que realizar.
Morelos en todo el sexenio ocupo un deshonroso lugar 32 en casi todos los indicadores que miden el desarrollo de un estado. Seguridad, desarrollo económico. pobreza, desarrollo agropecuario, etc. Cualquier indicador sirve para demostrar que Morelos está en el último lugar de todo el país. Esto obliga al gobierno de la nueva gobernadora a recuperar espacio y mejorar las condiciones de vida de los morelenses que permitan vivir en un estado generoso con su gente.
Tal vez sea posible pensar que, al estar en el último lugar en los indicadores de medición del desarrollo en Morelos, sería relativamente fácil salir de ese profundo abismo al que nos sometió el gobierno saliente, sin embargo, la realidad es que al llegar y descubrir el tiradero en que esta convertido el ejecutivo, será un verdadero galimatías restaurar todo lo que se desmantelo por 6 años.
Es evidente que la tarea de gobernar ya de por si no es sencilla, pero, cuando el desastre que dejó el vendaval lleva más de 6 años sin atenderse, entonces la tarea es más complicada. Sin embargo, esta es necesaria y eso lo saben quiénes van a llegar con una experiencia distinta y liderados por alguien con verdadera vocación de servir y no al revés. Eso ya de por si es fundamental, porque quienes piensen que podrán hacer negocios desde la palestra pública se van a topar con pared, porque al primero que la gobernadora detecte con esas intenciones será delegado del grupo, las manzanas podridas pueden contagiar a las que estén en mejores condiciones, por ello es importante apartar a quienes estén contaminados.
Las políticas públicas impulsadas por la gobernadora deben ser discutidas y avaladas por el congreso, en su caso. Es menester actualizar el marco normativo para que este nuevo gobierno tenga las herramientas necesarias para dar certeza y funcionalidad a los programas que impulsen cambios de fondo en el bienestar ciudadano, que al final del camino es el objetivo de todo gobierno progresista. El ejemplo claro y contundente lo puso ya el gobierno federal, por eso la aprobación de la reforma judicial es un acierto que debe aplaudirse desde cualquier trinchera. La acción pública se realiza con determinación y convicción, así ha actuado el gobierno federal y eso se tiene que replicar en el estado de Morelos. Sin duda así será, porque la vocación y convicción de la gobernadora es similar a la del jefe político mayor saliente y de quien encabezara el ejecutivo federal entrante.