El Diccionario de la lengua española (RAE) define qué seguridad es la “Cualidad de seguro. [Ausencia de peligro] invulnerabilidad, inmunidad, protección, indestructibilidad, amparo, defensa”. Esa palabra, ese estadio, esa condición ideal para el desarrollo de las inversiones, para el crecimiento pleno de los ciudadanos, aspecto clave para poder acceder a la felicidad, se ha convertido en el último sexenio, en la gran ausente de nuestra realidad social.
Con un gobierno negligente e insensible a la problemática social; que le daba mayor importancia a la organización de cuadrangulares o a los goles de un partido de futbol que a los feminicidios y que permitió la proliferación de los grupos delictivos en territorio estatal, es entendible que la seguridad, no esté presente en lo cotidiano de los morelenses.
¿Algún ejemplo adicional a los primeros lugares que Morelos ocupa a nivel nacional en delitos de alto impacto? Si, por lo menos tenemos dos casos vigentes –y expuestos a la opinión pública por su trascendencia--, en la agenda social de la entidad:
El gobernador en suplencia de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, confirmó que FEMSA, la empresa refresquera de Coca Cola, suspendió “de manera temporal” la distribución de su producto en la zona sur del estado, luego que cuatro de sus trabajadores de su planta en el municipio de Puente de Ixtla, fueron secuestrados y llevados a otra entidad de la República para robar la mercancía.
El tema, dijo Samuel Sotelo Salgado a los medios de comunicación, fue discutido en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y, “pese a que no hay afectación por las pérdidas de empleos porque la decisión del corporativo sólo es dejar de surtir refrescos en esa zona y se vienen a Cuernavaca;” es un mal signo para la inversión local.
El argumento es que los trabajadores de Coca Cola privados de su libertad --y que presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por la presunción de que se trate de un asunto de delincuencia organizada--, fueron víctimas de un grupo delictivo que extendió, desde Guerrero, (concretamente en Taxco) sus operaciones a Morelos.
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Esta, no es la primera vez que las empresas y distribuidores de perecederos se repliegan de esa zona de la entidad. Ya en Amacuzac y en Puente de Ixtla, había trascendido la decisión de cancelar las rutas de distribución, para el envío de los productos. Ni los elementos de seguridad privada o PIBAS ubicados dentro de las unidades automotoras encargadas del abastecimiento y distribución, resultaron eficientes para hacerle frente al embate delictivo y hubo desabasto de productos… y las autoridades de esas comunidades, guardaron silencio.
¿Otro caso? La situación que enfrentan los concesionarios y choferes del transporte público de la Ruta 11, quienes, víctimas de presuntas extorsiones, decidieron, de nueva cuenta, suspender su servicio en el derrotero hacia Temixco. Según informó el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, “solo unos cuantas unidades se atreven a dar servicio”.
Para ellos, la denuncia ya no es viable, porque la autoridad no avanza en las investigaciones y porque el denunciante queda expuesto a un revire mucho más violento por parte de los delincuentes, que sin exagerar, les puede costar la vida.
De esta forma, la ruta 11 dejó de brindar servicio --por tiempo indefinido-- en localidades como Santa Mónica, Santa Úrsula y la Unidad Habitacional “Punta Verde”, en el municipio de Temixco, modificando su recorrido: desde la colonia 10 de Abril en Temixco hasta Tejalpa en Jiutepec.Esto ocurrió después de que sujetos despojaran de las llaves de las unidades a cinco choferes y presuntamente la exigencia del pago de una suma de dinero…
O tal vez prefiera que hablemos del atentado que la noche del martes, sufrió el excoordinador de radio en La 99 --del corporativo Diario de Morelos-- el periodista Edgar Arroyo, quien fue víctima de un atentado por arma de fuego, cuando llegaba a su casa en la colonia Ramón Hernández Navarro, en Cuernavaca.
Ante situaciones como estas y muchas otras --como la red de trata de personas de la region oriente o el cobro de derecho de piso a los comerciantes de Puente de Ixtla, Temixco y Cuautla y otros tantos que no trascienden en la opinión pública--, habrá de encontrarse a quien se le designó como titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el Gobierno de Margarita González Saravia, Miguel Ángel Urrutia Lozano,quien cuenta con experiencia en el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de la policía y la implementación de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.
Urrutia Lozano trabajó en diversos cuerpos de seguridad, tanto en la Policía Federal como en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como CISEN.Estas experiencias le han permitido entender a profundidad el entramado de la seguridad nacional y regional y, aunque su experiencia es innegable, los habitantes de Morelos esperan resultados inmediatos en la reducción de los índices delictivos…