De acuerdo con la organización internacional World Justice Proyect (WJP), Morelos representa el segundo estado del país en el que se percibe mayor corrupción. Datos del colocan a la entidad en el número 32 a nivel país en el rubro de “ausencia de corrupción”, solo detrás de Durango. Con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco los morelenses consideran que hay más actos irregulares por parte de servidores públicos del 2018 a la fecha. No se puede negar que la corrupción se trata de un cáncer que carcome, que no se ha logrado extirpar y que avanza, en algunos casos de forma sigilosa, pero en otros de manera bastante descarada.
Como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, la corrupción es para los mexicanos uno los principales problemas del país, junto a la inseguridad y la pobreza. Organizaciones nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, con base en los hechos que abundan en todo el territorio nacional hemos coincidido en esto. La corrupción tiene consecuencias directas en la vida de las personas. A partir de ella se genera pobreza, vulneración de los derechos humanos y baja calidad de vida por la ineficiencia de las instituciones públicas para responder a sus funciones.
Podemos decir, que a pesar de que la corrupción es tangible en la vida cotidiana, no siempre se cuenta con estadísticas para poder medirla. Existen ejercicios a nivel nacional realizados por instituciones como Transparencia Mexicana o el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que hacen esfuerzos importantes por dimensionar este problema en el plano nacional y estatal. Sin embargo, el principal problema radica en lo poco que se sabe sobre la corrupción en la esfera municipal.
Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la corrupción menos tolerable es aquella que desvía fondos públicos, evade impuestos empresariales o socava el sistema de justicia. La que ofrece más beneficios al mexicano común y corriente es la mordida. Usamos el término mordida como una forma de encapsular varios actos de la corrupción y simplificar varios modus operandi. Una mordida puede servir para asegurar la inscripción de los hijos e hijas en la escuela, para “ganar” concursos para obtener una plaza, para ser atendido en una fiscalía o en un hospital o, de forma más común, para evadir una multa.
Pero ¿cuánto cuesta la corrupción en México? El INEGI calculó que el costo de las mordidas en 2022 fue de 9,500 millones de pesos con un promedio por mordida de $3,044 pesos. Y, aunque esta cifra sea importante, no es la mejor forma de entender un problema que nos afecta a todos de manera tan complicada. Para calcularlo de una mejor manera, es necesario conocer qué nos dice la población acerca de sus experiencias.
En un estudio se Mexicanos contra la corrupción de sus encuestados, el 9.4% respondieron que en el último año tuvieron que dar una mordida. En promedio, ese 9% tuvo que dar 2.5 mordidas al año, con un costo promedio estimado en $1,873. En tanto que cada víctima da más de una vez mordida, estimamos que al año se dan 23 millones de mordidas en el país. Esto significa que en total el gasto por la corrupción es de 43 mil millones de pesos, cinco veces más de lo que estima el INEGI. Con esta aproximación estadística podemos unir cada estimación y calcular el costo total de las mordidas en México. Para simplificar la información decidimos dividirlo entre todos los mexicanos mayores de 18 años. Encontramos que a las y los mexicanos adultos les cuesta $483 pesos al año los actos de corrupción.
Otro dato importante de esa organización advierte que algo realmente preocupante de estos resultados es la distribución de este costo por clase social. Aunque las personas de clase baja pagan menos en general que los demás, no es la clase alta la que más paga por mordidas en el país, sino la clase media. La diferencia es de $43 pesos, pero dado que nuestra clase media gana alrededor de $15,000 pesos al mes y la clase alta gana $70,000, esto significa que la clase alta paga 7% menos en mordidas, pero gana casi 500% más que la clase media. Otra forma de verlo sería con respecto al salario mínimo. Si una familia promedio paga $1000 pesos en mordidas al año, para aquellos que ganan el salario mínimo (36% de la población) esto implica que un día al año tienen que gastar casi la tercera parte de lo que ganan en un mes para tratar con el gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB. Hay especialistas que mencionan que la corrupción podría costar 5% del PIB e incluso se habla de 900 mil millones de pesos y hay cálculos del Fondo Monetario Internacional que estiman un costo del 2%. Según el informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de América Latina y el Caribe en la prestación de servicios públicos. De acuerdo con el informe, 51% de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12 meses.
También, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 142 de 183 países. Es decir que lo cataloga como uno de los países en el mundo con mayor percepción de corrupción en el sector público.
Así que, el Índice de Percepción de la Corrupción desarrollado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana mide las mismas variables, utilizando las mismas fuentes de información desde 2012. Desde 2020, México no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas. Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Ni la Estafa Maestra (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agronitrogenados-PEMEX (donde se estima un desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas) o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA (con un desvío estimado en cerca de 9,500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme. Casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht, tampoco.
Por todo lo anterior podríamos concluir que, cualquier discurso se queda en demagogia, mientras no se castigue la corrupción. Enarbolarla o evocarla no es suficiente. Se debe investigar, perseguir y castigar la corrupción. Mientras eso no suceda, el cáncer se seguirá esparciendo…