El lunes pasado la Gaceta Oficial de la CDMX publicó un decreto de Martí Batres, en el que desaparece de la Constitución Local la figura de “propiedad privada” en la capital del país.
La pregunta: ¿qué necesidad? es del “filósofo” Juan Gabriel y la vincula con quién genera problemas donde y cuando no hacen falta.
En un ambiente polarizado, como vive el país en el momento de la discusión nacional y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, lo menos necesario es otro tema polémico, aunque no sea cierta una estatización generalizada y la desaparición de la propiedad privada en la CDMX, el clamor general es que están en riesgo su patrimonio en bienes inmuebles y que además la medida se generalizó en el territorio nacional.
El gobierno de la Ciudad de México hizo oficial el decreto que modifica su Constitución local en materia de propiedad privada, pública y social. El hecho no fue bien recibido por los capitalinos, que se lanzaron contra el jefe de Gobierno, Martí Batres, su administración e incluso Morena, el partido en el que milita.
¿Desaparece la propiedad privada en la CDMX? Es una pregunta con respuesta positiva por los antecedentes y el radicalismo de izquierda del gobernante. En la Constitución Local, previo a su modificación, se establecía:
“La Ciudad de México asume como principios: (...) la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación...”.
Con el cambio impulsado por el gobierno de Batres, el artículo 3 específica que el respeto a la propiedad privada se presentará en los “mismos términos que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La aprobación llama la atención porque modifica directamente el principio de propiedad privada.
Aunque el concepto hace referencia al conjunto de derechos de las personas y empresas a obtener, poseer y controlar objetos o bienes materiales, en este caso inmuebles, el artículo 27 de la Constitución General indica:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Batres explicó que ahora “se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad original”, así como el derecho del Estado de “imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público” y en esto último radica el temor de los habitantes de la capital de la República.
Con el decreto, las críticas fueron inmediatas. A través de X, miles de habitantes de la CDMX comenzaron a mostrar preocupación por el cambio, aseguran que ya no tiene sentido comprar una casa o departamento en la capital.
“Imagina que de repente el gobierno socialista de la CDMX, bajo el mando de Martí Batres y su izquierda ‘progresista’, decide que tu casa ya no es realmente tuya. (...) Dicen que ahora tu propiedad está subordinada al interés de la Nación y de la Ciudad, es decir, al capricho del Estado”, comentó un cibernauta.
Los críticos aseguran que “es un retroceso” y que se trata de una reforma “muy preocupante”.
“Denuncian” que con este decreto el gobierno capitalino y federal tienen derecho a expropiar propiedades sin indemnización, aunque el artículo 27 Constitucional señala que “ninguna propiedad podrá ser expropiada “sino es por causa de utilidad pública” y “mediante indemnización”.
En su defensa el jefe de Gobierno explicó que la reforma al artículo 3 de la Constitución capitalina, publicado el lunes, no pone en riesgo la propiedad de las personas, ya que sus bienes, casas, propiedades, empresas se encuentran debidamente protegidas por la Carta Magna Federal.
Precisó que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local elaboró un dictamen en él se hace referencia a la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución federal, es decir, una disposición que está vigente desde hace muchos años.
Si esto es así y Batres no pretendió afectar ningún derecho privado ni enrarecer el ambiente político ya de por sí polarizado por la reforma al Poder Judicial, cabe insistir en “pero, ¿qué necesidad? ¿para qué tanto problema?”.
El ambiente político en la Ciudad de México está que arde.
De las anécdotas que se cuentan
El notario y ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, de quien se puede decir que es experto en el tema, escribió en su pasado artículo en El Universal:
“El gobierno y el congreso de la CDMX dieron el lunes pasado un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada. La derogación de un pequeño párrafo amenaza la seguridad jurídica de cualquier propietario de un inmueble en la capital del país.
“Gran parte de los 3.5 millones de propietarios de la CDMX reciben este golpe directo como el inicio de la demolición de la propiedad privada, en cuyo lugar se ofrecen “concesiones” como si un inmueble privado fuera un bien estratégico o prioritario y no un derecho innato de las personas”.
Entonces, ¿qué necesidad?
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