En tanto una jueza federal de Morelos y un juez de Chiapas emitieron medidas para que no se discuta la reforma constitucional al Poder Judicial Federal y, eventualmente, tampoco se envíe a las legislaturas locales para su aprobación, el líder se la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, afirma que sus fallos son ilegales, que invaden las facultades del Poder Legislativo y, por tanto, continuarán con la reforma como estaba previsto. Más aún: los jueces afirman que, de no acatar las disposiciones, los legisladores se harán acreedores a penas que van de seis a nueve años de prisión, multas, así como inhabilitación.
El primer amparo fue emitido por la titular del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Morelos, Martha Eugenia Magaña, a favor de trabajadores del Poder Judicial Federal, quienes objetaron la aprobación del dictamen que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales.
De acuerdo con el expediente 1251/2024, la medida dictada por la jueza en Morelos implica que el proyecto de reforma no pueda ser discutido y votado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, bajo el argumento de que se cesará a jueces sin derecho de audiencia previo y sin respetar las indemnizaciones correspondientes.
Complementando este primer amparo, por su parte, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Chiapas otorgó una suspensión para que, en caso de ser aprobada la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, no sea turnada a los congresos de los estados para su aprobación, en tanto se resuelve de fondo si se otorga la suspensión definitiva.
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Al trascender las medidas dictadas por los jueces federales, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, emitió un pronunciamiento afirmando que las medidas adoptadas por los jueces son ilegales. El legislador morenista argumentó que no es posible el amparo contra reformas constitucionales, y porque con esa determinación, se invade la esfera y facultades del Congreso, al imponerle desde el Judicial las normas sobre las que puede o no legislar, por lo que sin decir que no acatarán estos fallos, se concretó a señalar que el análisis y aprobación de la reforma continuará conforme lo previsto.
Las dos medidas adoptadas por jueces federales, una con sede en Morelos y el otro en Chiapas, son emitidas en medio del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial Federal, que la mañana del domingo tenían planeado realizar una manifestación en la sede del Congreso de la Unión para protestar por el inicio de la nueva Legislatura que, además del informe presencial, tuvo en agenda exponer los alcances de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, los trabajadores se encontraron con que ya la Guardia Nacional había tomado posiciones para el resguardo del inmueble. No obstante, marcharon junto con trabajadores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como de otras instituciones de educación superior.