El artículo 41 de la Constitución Mexicana, establece que la soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión. El Legislativo crea y modificar las leyes; el Ejecutivo las aplica, mientras que el Judicial garantiza la tutela de los derechos humanos, al interpretar la ley y resolver los conflictos entre ciudadanos y el Estado.
La separación de las funciones del Estado, es de suma importancia para que nuestro país encuentre un equilibrio, por ser una de sus principales funciones el evitar que “una sola persona o entidad” concentre la autoridad. Por ser de conocimiento general que en el autoritarismo y las dictaduras predomina el abuso de poder, la corrupción y la violación de los derechos constitucionales.
En la actualidad, México se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo. Sin embargo, la actual presidencia de la república ha basado su régimen en un sistema populista, destinado exclusivamente a ganar la simpatía de las personas, especialmente cuando estas poseen derecho al voto, aun cuando las determinaciones sean contrarias al Estado de Derecho.
Tal es el caso de la propuesta de reforma judicial, misma que representa un peligro para la impartición de justicia, y que además generará un impacto directo en la economía mexicana. Pues de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, los mayores afectados serán los microempresarios. Afirmando que el costo de la elección, está estimada en 3 mil 500 millones de pesos, los cuales podrían utilizarse al fomento de la economía.
De igual forma, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comentó que la reforma amenazará la histórica relación comercial entre países. Lo cual fue confirmado por la Inversión Extranjera Directa, quien refirió que la reforma multicitada afectará el crecimiento y dará lugar a multas por incumplimiento de tratados, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
También se ha pronunciado la ONU, quien ha reiterado sus profundas preocupaciones sobre la amplia afectación a la autonomía judicial de México. Lo que es una realidad, tomando en cuenta que, diversos especialistas han referido que los nuevos Juzgadores contrarrestarán las reglas de Bangalore, las cuales obligan a que la conducta de los impartidores de justicia, se basen en independencia e imparcialidad. Mientras que los elegidos a través del voto se deberán a la política. Lo que quiere decir que en este modelo no importará el conocimiento de la ley, sino a las personas que conoces o quien los impulsó al cargo.
Por ello, lo más conveniente para el país sería reconsiderar detenidamente la propuesta de reforma; sin embargo, ante la terquedad de las autoridades, con acciones como comprando votos en el legislativo federal para tener mayoría calificada; mañaneras del ejecutivo juzgando sin pruebas al poder judicial y a los inversionistas extranjeros sin fundamento, ni sustento; resulta más importante lograr la centralización del poder con intereses de grupo, que prevenir las afectaciones inminentes que perjudicaran a la ciudadanía y en especial a la Justicia, quien se encuentra simbólicamente agonizando y en terapia intensiva.