EN EL AIRE. Después de la reunión celebrada en el palacio de gobierno, la situación respecto al aumento de la tarifa del transporte público sigue sin resolverse por completo, dejando todo en el aire. Aunque los líderes transportistas manifestaron su disposición a aceptar un incremento de 2 pesos en vez de los 4 inicialmente propuestos, aún no se ha tomado una decisión definitiva. Las declaraciones de Aurelio Carmona de Rutas Unidas reflejan un ambiente de negociación y diálogo abierto, lo cual es fundamental para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por otro lado, la negativa de los concesionarios a incluir a futuros servidores públicos en las mesas de negociación muestra un enfoque de resolución de conflictos basado en la actualidad y no en futuras administraciones. Es crucial mantener un ambiente de diálogo constructivo para llegar a una solución beneficiosa para toda la comunidad. Y mientras los transportistas dicen que hay acuerdos, en el gobierno del Cuauh la negativa es rotunda.
FALLIDA PROTECCIÓN. La columna del periodista especializado en seguridad y justicia, Héctor de Mauleón, pone de manifiesto de manera contundente las deficiencias en el trabajo de la CES (Comisión Estatal de Seguridad) en cuanto a la protección de personas en riesgo. El caso de la mujer asesinada a pesar de las solicitudes de protección por parte de la fiscalía del estado es un ejemplo claro de la ineficacia de las medidas implementadas. La crítica hacia José Antonio Ortiz Guarneros y su gestión al frente de la CES es contundente, señalando una mala administración que pone en peligro la vida de quienes deberían estar protegidos. Es fundamental que se investiguen a fondo estos casos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
VULNERABLES. La decisión de emitir resoluciones por escrito, en lugar de dictarlas de manera oral, es una práctica que ha sido identificada por personas con conocimiento en el tema como una señal de falta de experticia y conocimiento en las técnicas de litigación por parte de ciertos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Este enfoque puede indicar una falta de confianza en sus propias capacidades para enfrentar el escrutinio público y asegurar la transparencia en sus decisiones. Resulta preocupante que, a pesar de estas observaciones, los magistrados se opongan a una reforma judicial que podría mejorar la calidad y eficiencia de su trabajo. La resistencia al cambio y la falta de voluntad para adaptarse a nuevas prácticas puede resultar en un sistema judicial menos efectivo y menos confiable para la sociedad. Es fundamental que las instituciones judiciales se comprometan a mejorar sus procesos y a garantizar la imparcialidad y la transparencia en sus decisiones, para así fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
ANARQUÍA. El caso de la colonia Los Pilares en Morelos es un triste ejemplo de cómo la necesidad de vivienda digna ha sido aprovechada por años por personas inescrupulosas que lucran con la desesperación de las familias. Muchas personas, en su afán por contar con un techo propio, han aceptado adquirir espacios en zonas de riesgo, poniendo en peligro sus vidas y las de sus seres queridos. El reciente derrumbe registrado en Los Pilares este fin de semana pone de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, ha declarado que las más de 30 familias asentadas en la zona se niegan a abandonar sus hogares, argumentando la posesión de bienes en el lugar. Esta situación plantea un dilema ético y humano, ya que la seguridad y el bienestar de las familias deberían ser la prioridad. Es imprescindible que las autoridades y la comunidad trabajen juntas para encontrar soluciones viables y seguras para estas familias. La pausa en el proyecto de restauración hasta que se realice una evaluación técnica es comprensible, pero es necesario actuar con celeridad y responsabilidad para evitar tragedias futuras. La protección de la vida y la integridad de las personas no debería ser negociable.