Deben fincarse responsabilidades legales por los 16 "suicidios" de mujeres tanto al personal del CEFERESO 16 como al de la Defensoría Pública Federal, que, a pesar de haber obtenido un amparo contra la última víctima, no hizo lo necesario para garantizar su integridad y su vida.
Es Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa", quien afirma también que resulta igualmente condenable el abandono del gobierno estatal en torno a la seguridad de todas las mujeres del Estado, estén recluidas en prisión o no, porque simplemente se ha concretado a señalar que estas muertes son casos de índole federal.
Hasta ahora, lamentablemente, no han sido investigados a cabalidad las muertes de mujeres en ese centro penitenciario, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo mismo que de los organismos internacionales, señalando que esos 16 casos deben ser investigados como feminicidios.
De hecho, la Defensoría Pública Federal ya había exigido el cierre del CEFERESO 16 debido precisamente a la ola de supuestos suicidios registrados en el centro de reclusión, entre ellos el de una de sus defendidas. Con ello coincide plenamente Susana Díaz Pineda. No obstante, antes tiene que investigarse al personal del penal y aplicar las sanciones que correspondan en caso de resultar hallados responsables de lo ocurrido ahí.
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Díaz Pineda señala: “Está bien que la Defensoría Pública Federal haya solicitado el cierre del CEFERESO 16, pero creo que aunado a ello debiera ir la exigencia de castigo a los responsables, que se conozca la verdad de las mujeres que fueron encontradas sin vida por un aparente suicidio. Son víctimas de un estado que no tuvo ni siquiera la sensibilidad de atenderlas como seres humanos, que las abandonó a su suerte”.
Efectivamente, considera que es importante que la Defensoría pida el cierre del centro penitenciario. No obstante, afirma: “Qué malo que no lo hizo en su momento: 16 mujeres fueron encontradas sin vida, bajo una figura de suicidio, como afirman las autoridades del penal, cuando la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como organismos internacionales, afirmaron que se trata de feminicidios y que se deben investigar como tales”.
Sin embargo, la situación va más allá: “Creo que es importante que empiecen a fincarse responsabilidades no solo a las autoridades del CEFERESO, sino a la propia Defensoría Pública, porque tenían un amparo ganado a favor de la mujer que perdió la vida y que tampoco se hizo nada por exigir los derechos que ya habían ganado”.
Estamos ante una situación de total negligencia y omisión por parte de muchas autoridades, refiere: “El mismo Ejecutivo del estado no puede ser omiso y decir que es un tema de índole federal, cuando todas las violencias que ocurren contra las mujeres en la entidad tienen que ser atendidas”.