Luchar por justicia y verdad contra la impunidad, es el reto de lograr que las instituciones de procuración y administración de justicia se transformen en México, mediante la participación consciente y organizada de la mayoría de la sociedad, a través de un amplio y profundo debate que ponga en el centro las necesidades reales de atención de todas las personas que han sufrido un daño a sus derechos humanos. La exigencia de que tanto las leyes como las instituciones del Estado estén al servicio de la población y no se erijan por encima de la misma, es parte de una verdadera transformación del Estado capitalista actual en una perspectiva de democracia directa que requiere conciencia organizada, un programa de transición que incluya demandas actuales que eleven el nivel de conciencia y una estrategia emancipatoria que vaya más allá de lo inmediato. Si bien esa perspectiva de democracia socialista se encuentra lejos del debate actual, no por ello significa que se abandone en aras de un realismo pragmático que nos coloque en la aceptación de una realidad inaceptable, sino que nos motive a profundizar tanto en las propuestas como en la capacidad de respuesta organizada e independiente de la clase trabajadora por la cual apostamos hacia el futuro con los pies en la tierra.
Es verdad que conocemos casos importantes que muestran los extremos entre las resoluciones que amparan y protegen derechos del pueblo y aquellas que lastiman la dignidad humana. Recordamos la ignominiosa resolución de los ministros de la SCJN que revocaron el amparo que habían obtenido los más de 44 mil trabajadores del SME para ser recontratados por la CFE, luego de ser despedidos arbitrariamente por el gobierno de Calderón al cerrar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ahí se demostró que la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo permitió convalidar un atropello legal a los derechos laborales. Lo mismo sucedió con los cientos de miles de amparos que interpusieron las y los maestros de la CNTE contra la reforma educativa de Peña Nieto y que fueron desechados arbitrariamente por la SCJN.
Por otra parte, valoramos positivamente las resoluciones de la SCJN en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular los amparos concedidos por el Juzgado Federal a la comunidad indígena de Alpuyeca en contra de las omisiones y simulaciones del Congreso del Estado de Morelos en torno a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada sobre la iniciativa legislativa para la creación del municipio indígena.
Estos ejemplos, como hay miles, nos permiten señalar que un sistema de procuración y administración de justicia que no fortalezca su autonomía e independencia, que a la vez no se circunscribe a jueces y magistrados, sino también a lograr que ocurra ese cambio en las Fiscalías y el papel de los Ministerios Públicos y en las instituciones de seguridad pública no subordinadas al proceso actual de militarización, sin lo cual no permitirá ir a fondo en las soluciones que el pueblo exige para lograr la justicia que todas y todos merecemos.
El debate actual sobre la reforma del poder judicial aporta elementos que nos permiten valorar lo que aún falta por hacer para construir una sociedad diferente. No dejamos de lado que tanto desde las alturas del poder se elaboran diferentes posturas para mantener básicamente las mismas formas de dominación política, porque ni quienes promueven la reforma plantean una transformación de fondo, ni quienes se oponen a ella pueden ocultar que defienden sus intereses y privilegios por encima de las necesidad de la clase trabajadora. Si bien es cierto que el combate a la corrupción en las instituciones ha logrado generar una respuesta de rechazo a los privilegios por parte de quienes apoyaron con su voto las candidaturas del partido Morena y aliados que obtuvieron amplia mayoría para ejercer el poder durante los próximos seis años con Claudia Sheinbaum al frente de la Presidencia, también es cierto que muchos de quienes se han beneficiado históricamente con este sistema de corrupción se encuentran instalados en las mismas estructuras de poder actual.
El diagnóstico sobre la situación actual es claro: existe un alto grado de descomposición social que permite que los niveles de violencia lleguen a extremos graves sin que haya justicia para las víctimas de los miles de asesinatos, feminicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, asaltos, extorsiones y muchos otros delitos que se cometen en la casi absoluta impunidad. Todos los datos así lo demuestran, ya que en muchos de los delitos se llega hasta el 93 por ciento de impunidad. Por ello es que se requiere una transformación a fondo de las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia. La reforma actual que el gobierno propone es insuficiente para alcanzar los objetivos de una justicia para todas y todos. Al mismo tiempo, mantener la situación actual del poder judicial, resulta totalmente inaceptable para la sociedad.
Algunos de los elementos que llaman la atención en éstas circunstancias han quedado expuestos precisamente por las y los trabajadores del Poder Judicial actualmente en paro de labores. Es importante escuchar los planteamientos de quienes cotidianamente tienen que atender los reclamos de la sociedad, para valorar lo que realmente hace falta llevar a cabo. Mantener la independencia y autonomía del poder judicial es necesario frente a los otros poderes, como un sistema de control de pesos y contrapesos. Acabar con los privilegios de quienes desde la cúpula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercen, para garantizar los derechos de quienes trabajan cotidianamente en los millones de casos que requieren justicia, significa poner atención en las y los trabajadores del poder judicial que actualmente se movilizan, inusualmente, por las calles y plazas del país.
Por todo ello es importante construir una alternativa desde abajo, manteniendo y fortaleciendo la independencia y autonomía de la clase trabajadora frente a los dueños del poder. No es fácil en las circunstancias actuales, pero es más urgente y necesario que nunca, para tratar de comprender la dinámica social y asumir la parte que nos corresponde en el debate actual.