El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, esta a punto de heredar a la administración de Margarita González Saravia, un severo conflicto social: el alza a la tarifa del transporte colectivo.
La propuesta de los concesionarios de subir -conforme a un estudio realizado por ellos-- la tarifa de 10 a 14 pesos, colocandola como una de las más caras de esta región del país, tiene su origen en el compromiso post pandemia qué el gobierno del estado generó con el gremio y ahora, justo al término del gobierno, tras el proceso electoral, los concesionarios urgen se les de cumplimiento.
Si bien es cierto que los transportistas tienen en el alza de los energéticos, refacciones, aceites, aditivos y el impacto de la inseguridad (todos los días los asaltos a las unidades, el tobo de refacciones, el cobro de derecho de piso y hasta los secuestros, una cuota altisima de dinero y hasta de vidas) en el listado de mermas; también es de reconocer qué miles de familias reciben su sustento, del hombre que esta detrás del volante y de la concesión qué hace mucho tiempo, uno de la familia recibió. Muchos, hay que reconocerlo, lograron convertir esto en un negocio, sumando concesiones o poniéndolas a nombre de sus esposas e hijos; sin violentar la Ley, pero sin un actuar ético.
También es cierto que la gran mayoría de los morelenses apenas su tienen para sobrevivir y el incremento en las tarifas, resulta una afectacion severa.
Con unidades desgastadas -sin ventanas o asientos; sin agarraderas adecuadas o tubos a medio poner, con pisos rotos-- y sobrecargadas en la hora pico; con chóferes presionados todo el tiempo para cubrir el tiempo, la cuota y hasta para ir al baño y sobre los que existe la eterna duda si manejan muy cansados, tomados y hasta drogados; nuestro servicio de transporte colectivo, deja mucho que desear. No hay, pues, muchos sectores productivos que avalen sus intenciones de elevar las tarifas... pero tampoco hay servidores públicos con quienes dialogar y mediar en el tema, al menos no, en esta administración.
Así pues, la ausencia de diálogo, el alejamiento de los sectores sociales, el incumplimiento de la palabra empeñada y las muchas ambiciones personales (por decir lo menos), que fueron sello de la administración saliente, provocaron esta situación de alto riesgo.
A diferencia de su antecesor, la hoy gobernadora electa, Margarita González Saravia logró dar con un
interlocutor ideal con el gremio del transporte y establecer compromisos claros desde un principio.
Al menos, eso parece, al escuchar la aceptación que dirigentes del transporte han manifestado ante el nombramiento de Josué Fernández Fernández como el coordinador de Transporte en Morelos: tanto el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, como el presidente de la Confederación Democrática del Transporte, Jesús Delgado, le dieron un voto de confianza al nuevo funcionario... más aún, la gobernadora electa se mostró conciliadora al sostener que la solicitud de aumento a la tarifa mínima del transporte colectivo que demandan los transportistas es un tema que debe atender el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo e incluso pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte que cumpla la promesa que hizo a los transportistas de autorizar la alza la tarifa mínima.
"El aumento a la tarifa del pasaje es una promesa del gobierno actual y nosotros esperamos que la cumpla", dijo.
Esta postura le permitirá a la gobernadora electa desarrollar su gobierno, sin muchos sobresaltos vinculados al transporte, al menos, por un tiempo.
Sin duda, en la aceptación al dialogo que los transportistas le dieron al gobierno del estado -hace unas cuantas horas- para sentarse a dialogar y que frenó de golpe el paro programado para este lunes, hubo la intervención del gobierno entrante y sus operadores políticos... ¿cuantos conflictos sociales más habrán de atender y remediar antes de llegar al cargo? Ya se irán viendo.