Mientras jueces y magistrados del Poder Judicial Federal luchan por no ser removidos, los trabajadores sindicalizados van al paro de labores peleando por sus fondos de ahorro, lo mismo que para defender su posibilidad de ascenso con la carrera judicial.
Para Reyna Popoca Urbina, secretaria del Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Octavo Distrito con sede en Morelos, los artículos transitorios del dictamen aprobado por los diputados federales establecen la desaparición de los fondos de ahorro de los trabajadores, a los que muchos llevan toda una vida aportando.
“La inconformidad de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación es que en los transitorios del dictamen que está presentando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión afectan los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos no queda claro si se van a respetar todas nuestras conquistas laborales, aun cuando se diga que las condiciones generales se respetarán”, refiere, enfatizando en lo que toca a las prestaciones.
Hay un apartado, puntualiza, en el que se establece que se extinguirán todos los fondos que tiene el Poder Judicial que no estén plasmados en la ley. “Tenemos ciertas prestaciones como fondos que nos ha garantizado en el Sindicato, fondos a los que nosotros incluso hacemos aportaciones voluntarias. Con las propuestas que plasmaron en diversos transitorios, hablan de que no pueden mantenerse ni crearse esos fondos y que se van a extinguir”. Eso, afirma, es lo que no les queda claro, por más que afirmen que sus aportaciones no se tocarán.
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Otro de los motivos torales por los que se han sumado al paro es la carrera judicial: “Nosotros como personal que tiene 15, 20 y hasta 30 años de trabajo, labor que empieza por aprobar exámenes de selección para ir ascendiendo los puestos. Es un proyecto de vida. No es que entremos y a los tres años ya podamos ser jueces”.
En efecto, el esfuerzo que describe es arduo: “Implica que tengamos especialidades, maestrías o doctorados, porque esos son puntos que cuentan para nosotros al momento de hacer un examen de aptitud a distintos cargos”. Considera también que la reforma es injusta, porque mientras ellos tienen que enfrentar concursos de oposición para ascender, ahora se abre la puerta a que personas recién egresadas de la carrera y apenas con promedio de ocho puedan competir por una posición que a ellos les ha tomado largos años de preparación para aspirar a ella.
“Esperamos que los legisladores recapaciten y puedan ver las consecuencias que puede traer la reforma, no porque ahora ellos están en la Legislatura, sino porque la reforma y la Constitución van a prevalecer. A lo mejor ahorita les puede beneficiar, pero pasando los años, les va a perjudicar también a ellos”.