Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial Federal en Morelos formalizaron la mañana de este miércoles el paro nacional, con guardias para atender casos de urgencia. Es una respuesta extrema a una amenaza extrema, que atenta contra la autonomía del PJF, la democracia y la justicia, afirmaron, pues consideran que estamos en la antesala de una crisis constitucional.
Este es el posicionamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, al frente de los cuales hizo la declaratoria de suspensión de actividades el juez Nelson Loranca Ventura, director regional Morelos.
La reforma se trata, afirmó, del intento de concentración del poder en una sola persona, lo que constituye una afrenta a la autonomía judicial, así como un golpe mortal a la democracia que tantos tratamos de defender, señala.
“Nos encaminamos a una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social. Por estas razones, hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 25 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma”, afirmó el juez Loranca Ventura, a quien corrigieron personal del Poder Judicial y los propios reporteros, porque equivocó la fecha
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La duración del paro depende del cumplimiento de una exigencia tajante: “Hasta que sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que, sin duda alguna, nos sumaríamos”. Justificó una decisión que dijo ampliamente meditada, pero que fue determinante: “Es una medida extrema, en respuesta a una amenaza extrema. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan los principios que juramos proteger”.
Hizo un llamado a todos los jueces y magistrados, a los operadores de justicia, a la sociedad civil, así como a cada ciudadano consciente de lo que está en juego. Ante l posibilidad de concretarse la remoción de jueces, magistrados y ministros, hizo una declaratoria política y no legal: “Que nos unamos en defensa de nuestra democracia. Hoy más que nunca, es imperativo que defendamos la división de poderes y la independencia judicial, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras”.
Y advirtió: “Que nuestra voz se escuche alta y clara: la justicia no se vende, no se subyuga y no se silencia. En nombre de la justicia, nos levantamos hoy y siempre”. La puerta de la Ciudad Judicial estaba cerrada y solo daría acceso a los integrantes del Poder Judicial Federal que atenderían los casos urgentes. Las carpas poblaban el frente del inmueble, con los trabajadores resguardándose del Sol, y entre ellos discutían si quedaría una guardia a la entrada, o su presencia ahí se acotaría a las horas en que debían estar trabajando.