Hablar o escribir hoy en día sobre “las ciudades”, implica necesariamente tratarlas como espacios donde se producen y acontecen graves injusticias socioambientales. Las ciudades contemporáneas son tomadas como un referente para hablar de la producción de enormes cantidades de basura; de la generación de una preocupante contaminación atmosférica por un crecimiento imparable del parque vehicular conformado por automóviles privados; así como abordar a la ciudad como una fuente de contaminación hídrica, dada la descarga irregular de aguas residuales de origen público-urbano, etcétera.
Frente a un panorama de crecientes injusticias socioambientales, en las últimas décadas hablar de ciudades “inteligentes” se muestra como el camino a seguir para construir espacios de vida basados en la sustentabilidad ambiental y el desarrollo humano. Sin embargo, más allá de pretender ser una veta ecológica que busca recuperar el papel positivo que tiene lo urbano para la humanidad y la Naturaleza, las también llamadas Smart Cities deben ser conocidas y nombradas como formas de un ecologismo fascista que promueven el control social; en tanto que éstas se basan en el desarrollo de sistemas tecnológicos diseñados, construidos y operados para la vigilancia de los ciudadanos.
Aunque esta tecnología urbana de control, vigilancia y castigo se nos venda, pomposamente, como Inteligencia Artificial (IA), en realidad ocurre que la operación de las ciudades “inteligentes” se basa en el diseño de un software computacional que genera una gran cantidad de cálculos a partir de la inconmensurable cantidad datos e información (Big Data) que los propios ciudadanos entregamos gratuitamente a la hora de aceptar los “términos y condiciones” de alguna página de internet, descargar alguna aplicación de celular, escanear un código QR o conectarnos a una red de internet “pública”.
En este sentido, el uso de tecnología como medio de funcionamiento de las ciudades, permite que se implementen sistemas de reconocimiento facial o geolocalización por medio de cámaras de seguridad, códigos QR o redes de Wifi. Mediante esta tecnología que presuntamente sirve para construir ciudades más sustentables, en realidad se despliegan procesos de vigilancia y control social; ya que posibilita, por ejemplo, medir qué tan sustentable son las prácticas y estilos de vida de la población, castigando a quienes no cumplen con los estándares impuestos por la tiranía ecológica que promueve la Agenda 2030.
Son varios los países que, con el pretexto de construir ciudades inteligentes, han impulsado la construcción de un sistema de vigilancia y control social. En naciones capitalistamente desarrolladas como China o Alemania, el uso de este tipo de tecnología “inteligente” y “sustentable”, ha servido para, vigilar si un ciudadano lleva a cabo o no medidas que mitiguen o incrementen su huella de carbono; o se castiga a quienes se han desplazado más kilómetros en su vehículo más allá de lo normal.
Otro ejemplo lo tenemos en Francia donde se sanciona con recortes de electricidad a aquellas personas que exceden su límite de consumo diario de energía eléctrica, mediante la modernización “inteligente” de los medidores de electricidad. Todo ello, bajo el pretexto de luchar contra el cambio climático del cual se nos dice todas y todos somos responsables.
Frente a las dinámicas de vigilancia, control y castigo que se promueve por debajo de los luminosos y encandiladores reflectores de las ciudades “inteligentes”, es urgente que se lleve a cabo una recuperación del sentido positivo que para la humanidad tiene el hecho de vivir en ciudades. Para ello, más que renunciar a lo urbano y comenzar un éxodo masivo al campo, es importante la redefinición de la política pública y de los instrumentos de gestión política de los territorios y del ordenamiento del uso de los recursos naturales, para asegurar tanto su conservación, así como, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades de hábitat de la población.
Por lo tanto, antes de llenar las ciudades de cámaras de vigilancia o de promover la conectividad digital de los ciudadanos, urge que los tomadores de decisión a nivel gubernamental busquen formas de reverdecer las ciudades. Se requiere de una política pública de corte territorial y de escala regional que impulse la reforestación, el diseño e implementación de programas de basura cero y la conservación ciudadana del agua para que sean los ejes rectores del desarrollo ambiental.
En México, lo anterior pasa, obligadamente, por cuestionar las estrategias que se han implementado para construir “ciudades y comunidades sostenibles” tal y como dicta el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 11. Se tiene que impulsar la construcción de las ciudades bajo un esquema de armonía y respeto con los propios ciclos, procesos y tiempos de la naturaleza pero que esto no estigmatice el crecimiento demográfico ni mucho menos cancele la satisfacción de necesidades de hábitat de la gente.
El reverdecer a las ciudades mexicanas sólo es posible si se rescatan los saberes comunitarios tanto de los habitantes del campo como de las propias ciudades. De allí que se requiera que la ciencia y el desarrollo tecnológico, acompañen las transformaciones políticas que acontecen en el país.
No tiene que regresar las prácticas mercenarias que le caracterizó durante el neoliberalismo, sino que se debe de continuar en la misma ruta que se inició en 2018 para lograr que, en la medida de sus posibilidades, las y los investigadores puedan incidir en el diagnóstico o atención de los grandes problemas socioambientales del país. A contrapelo, urge la construcción de una ciencia digna, ética, responsable y con compromiso social y ambiental.
Por: Josemanuel Luna Nemecio
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa