Muchos ciudadanos conscientes suponen que esto no debe preguntarse. Se muestran indignados y apenados frente a la nación entera por dar la impresión, cada vez más evidente, de ser un Narcoestado, o sea, es decir, un Estado manejado, administrado y gobernado por la delincuencia.
Advierten también la criminalidad en aumento y la inseguridad en todos los pueblos. Xoxocotla es un ejemplo reciente… y Temixco… y Puente de Ixtla… En Xoxocotla ha estado en el mando policíaco un individuo que ha hecho de las suyas robando, violentando y golpeando a gente del pueblo. La gente lo conoce y la Fiscalía no ha movido un dedo ni manifestado nada. El asesinato del presidente municipal, que recién había tomado el cargo, podría quedar impune.
Hay diputados, un senador priísta y una diputada del MC señalados por aparecer en fotografías con una señora ya detenida, acusada de ser jefa de una banda de delincuentes, narcotraficantes y extorsionadores. Estos diputados, senador y diputada están en la sospecha fundada de complicidad. Y la Fiscalía no ha aparecido. Estas detenciones se han debido a la federación porque la policía de nuestro Estado ha sido omisa. ¿A propósito?
Cobardes extorsionadores y más cobardes asesinos pululan por todo Morelos. No estoy revelando nada nuevo, a todos nos consta. No parece que haya responsables de nuestra seguridad ciudadana. Hay incluso temor de comprobar la complicidad existente entre nuestros cuerpos policíacos y la delincuencia que se jacta de su impunidad, de sentirse la que manda, la que dispone, la que dice qué se tiene qué hacer.
Resulta escandaloso saber que 4 diputados que exigen investigación contra el C. Gobernador estén fotografiados con la jefa de la Banda. Tal vez siguen el dicho aquel de que el primero que pega, pega dos veces. Esos legisladores están obligados a entregar cuentas, a decir la verdad, a respetar su investidura. No debe bastarle al pueblo que se le acerquen a mendigar su voto con caras tan sonrientes como desvergonzadas e hipócritas.
El poder legislativo trabaja en la bien llamada Casa del Pueblo, se encuentra en un aparador, todo lo que hace o deja de hacer se sabe, al igual que lo que dice o se atreve a manifestar. Su labor consiste en Legislar -así, con mayúscula- y Fiscalizar, también así, con mayúscula. No en hacer techumbres para escuelas, actividades que representaron un suculento negocio en tiempos del gober Graco. Si no, pregúntenles a las diputadas, sobre todo, que lo fueron en ese sexenio. Sus cuentas bancarias y sus posesiones se incrementaron notablemente.
Recordemos cómo proliferó la industria del secuestro en el sexenio del Gobernador Carrillo Olea cuyo error fue haber confiado en demasía en sus policías y en su arrogante gabinete. Su salida -de algún modo ignominiosa- se debió a un Juicio Político aun cuando muchos ningunean la labor de la XLVII legislatura atribuyéndosela a un capricho del mercader Ernesto Zedillo.
La única bancada que le enfrentó fue la del PRD cuando este partido asumía una más que suficiente autoridad moral. No como ahora que está convertido, gracias a los desvergonzados Chuchos, en una franquicia comercial que no duda en pactar con los enemigos históricos.
Las siempre valientes denuncias del Diputado Juan Ignacio Suárez Huape, de feliz memoria, responsable de la Comisión de los Derechos Humanos, y los trabajos de la Comisión de Gobernación, acabaron por argumentar en favor de esa destitución avalados por la minuciosa revisión del expediente a manos del Ministro Genaro Góngora Pimentel, de la SCJN. Recuérdese también que el TSJ de Morelos exoneró de inmediato al entonces Gobernador. De ahí se derivó la Controversia Constitucional que fue a dar a la SCJN.
Resultó que Armando Martínez, grotesco individuo, jefe del comando antisecuestros, comandaba él mismo la principal banda de secuestradores.
¿Y ahora, qué tenemos o con qué contamos? ¿Diputados cómplices de la delincuencia? ¿Un senador que reparte credenciales a delincuentes presentándolos como sus auxiliares? ¿Y que sólo niega su relación con la llamada jefa, aunque las evidencias lo delaten? ¿Una diputada que se suma al concierto?
¡Vaya! ¿No cuenta la ciudadanía morelense con gente que la defienda? ¿Que dé la cara? ¿Que cumpla con su compromiso, con su deber?
Más preguntas: ¿es verdad que Graco Ramírez y Alberto Capella pactaron con los jefes del narco? ¿Hay una investigación seria? ¿Es verdad que el actual Gobernador está siendo acusado sólo por venganzas personales?
Muy queridos morelenses, basta de farsas. Estamos hasta la madre de que nos sigan tratando como idiotas. La administración de la justicia siempre ha sido una calamidad, más, en manos de gente cínica a quien le importa un comino la seguridad del pueblo, la procuración de justicia, la confianza en sus autoridades.
Estamos obligados a exigir de nuestros gobiernos y nuestros diferentes poderes -ejecutivo, legislativo y, sobre todo, judicial- entrega total, compromiso político, responsabilidad social, actitud ética y transparente en favor del pueblo, de los pobres, de los más necesitados.
¡Ora, pues! Como decimos los morelenses…
Así, sin ambages.
*IR