Carlos Alberto Flores García es uno de los trabajadores de la Fiscalía General de Morelos a los que se le ha negado el pago correspondiente a su jubilación, bajo el argumento de que la institución no tiene recursos para ello, cuando el afectado ha podido constatar que se le autorizó desde el Congreso estatal una ampliación presupuestal de casi dos millones de pesos que ya el gobierno de Morelos depositó en las arcas de la FGE.
Tiene miedo al hacerlo público, confiesa, pero también considera que es indispensable que se conozca el cúmulo de irregularidades que en materia de recursos económicos se están suscitando en la Fiscalía General. Recurrió al amparo para que la Fiscalía le pague lo que por ley le corresponde. Y al menos son más de 45 trabajadores en similares circunstancias, a las que la institución les ha negado pagos, bajo el argumento de que la institución no tiene los recursos suficientes.
No son nuevas las denuncias de inconformidad de los trabajadores de la Fiscalía, que reclaman la falta de consumibles para las más elementales tareas. Y esa falta de recursos también se ve reflejada en las labores que tienen que ver con las pruebas de laboratorio, indispensables para alimentar las carpetas de investigación en diversos casos, denuncia también Carlos Alberto Flores García.
Y describe el viacrucis para conseguir que la Fiscalía del estado cumpla con los pagos que por ley tiene derecho: “Desde el 16 de marzo de 2024, el secretario de Hacienda dice que va a hacer todas las gestiones necesarias para dar seguimiento al pago de tres controversias, porque se amplió el presupuesto”.
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Este oficio se lo giró a la Fiscalía General del estado, notificándole que la ampliación presupuestal fue de un millón 990 mil pesos. “Este dinero, el cuatro de abril de 2024, el gobierno del estado hace la transferencia correspondiente a la cuenta de la Fiscalía”.
Sin embargo, ni con el dinero ya depositado le han sido cubiertos los adeudos a él y otros afectados. “Por eso estamos aquí. Ellos siempre nos dijeron que no había dinero. Empecé a buscar para ver qué sucedió y me entero que en el Congreso autorizó y en la Secretaría de Hacienda sí habían hecho el depósito. Se lo hice del conocimiento a la encargada de esa área en la Fiscalía y su respuesta fue ´No sabemos, no sabemos´.
Respuestas que causan indignación, como esta: “En caso de que hayan depositado, vamos a hacer un convenio para poder irlo pagando”, refiere. “Pero si ya hicieron el depósito para cubrir el adeudo completo…”
Y agrega: “Hay otros 40 o 45 trabajadores en proceso de jubilación a los que no les están pagando. No sé si ellos hayan promovido también controversias. Por supuesto tengo miedo de hacer público esto, porque sé que estoy describiendo todas las irregularidades de la Fiscalía”…