Las elecciones son el pilar de cualquier democracia en México, este proceso democrático ha sido objeto de un intenso debate jurídico debido a un fenómeno electoral conocido como la sobre representación y su contrario la sobrepresentación. Es decir, son las “dos caras de la moneda”, depende de que forma lo vea.
El primero se refiere cuando un partido político obtiene, gracias a una serie de mecanismos electorales como las alianzas y el convenio respectivo previo registrado ante el INE, un porcentaje de curules y escaños en la Cámara de Diputados o Senadores que superan la cantidad de votos que obtuvieron. El segundo, es a la inversa, es cuando un partido político obtiene gracias a dichos mecanismos electorales, un porcentaje de curules y escaños en ambas cámaras que son inferiores a la cantidad de votos que obtuvieron realmente.
En las elecciones del 2 de junio de 2024, en que se renovó el Congreso de la Unión, integrado por cámara de diputados y senadores; Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y conocida como la coalición “juntos haciendo historia”, obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque su porcentaje de votos sólo fue del 54.19 por ciento. Sin embargo, se estima que pueden obtener 372 escaños en la Cámara de Diputados (el 74.4% de los lugares), lo que significa una sobrerepresentación del 20.2%.
Este fenómeno, no es exclusivo de la Cámara de Diputados, también se presenta en el Senado, donde se eligen 128 senadores. De las senadurías, 64 son elegidas por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y los 32 restantes de primera minoría. En consecuencia, puede generar una percepción de injusticia entre los votantes, ya que la representación en el Congreso no refleja fielmente la distribución de los votos “reales”.
Es importante destacar que la representación proporcional, busca que la composición del Congreso de la Unión sea lo más parecida a la votación que alcanzó cada partido político. Es decir, el objetivo es asegurar la representación de las minorías para garantizar la pluralidad política.
Ambos fenómenos querámoslo o no tienen implicaciones significativas para la democracia en México en este momento, pues por un lado, permite a los partidos políticos de la coalición “juntos haciendo historia” tener una mayor influencia en la legislación y en la toma de decisiones, ya que es la coalición de donde fue electa la nueva titular del poder ejecutivo. De allí entonces que dicha coalición política tendría el “control” de dos de los tres poderes creados en la Constitución, es decir el legislativo y ejecutivo al mismo tiempo. Recordará que los poderes de la Unión se crearon para generar contrapesos y balances, no solamente entre esos sino entre los partidos políticos que tienen influjo en los dos en mención.
Pero, ¿éste hecho es nuevo?, no, no lo es, sin embargo, el momento político es diferente en donde existen varias iniciativas constitucionales en análisis que pretende la reforma judicial, extinción de órganos autónomos etc. y que con dicha sobre representación podrían modificar sin consenso alguno de los demás partidos políticos la Constitución y todas las Leyes Federales.
El artículo 54 de la Constitución Mexicana establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados y que la sobrerrepresentación no puede ser mayor al 8 por ciento de los votos obtenidos. Sin embargo, en la práctica, este límite parece ser rebasado con frecuencia, específicamente por la presencia de las coaliciones. Expresamente la prohibición es para los partidos políticos, no para las coaliciones, ese es el punto.
Le corresponderá en primera instancia al INE asignar dichos diputados y senadores y determinar la interpretación o no de la sobre representación en este caso, finalmente, le corresponderá al tribunal electoral, calificar dicha cuestión.
En conclusión, la sobrerepresentación es un tema que requiere una discusión profunda y un análisis cuidadoso. Es esencial para mantener la confianza en el sistema democrático y garantizar que todas las voces sean escuchadas en el Congreso. Como ciudadanos, debemos estar informados y participar activamente en este debate para fortalecer nuestra democracia.