La reforma al Poder Judicial Federal y la que eventualmente se lleve a cabo en las entidades federativas podría ser escalonada: una parte de jueces, magistrados y ministros serían designados en 2025, en tanto que el resto podría concretarse en las elecciones intermedias de 2027, afirmó la virtual Consejera Jurídica del Gobierno de la República, Ernestina Godoy, durante los foros de debate en torno a la eventual transformación que aguarda a la institución.
En tanto, trabajadores del Poder Judicial Federal en Morelos expresaron su rotundo rechazo a toda reforma constitucional al Poder Judicial Federal, por considerar inoperante la elección popular de jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como en los estados, como por el hecho de que el trasfondo del cambio es ejercer un poder autoritario desde el Ejecutivo, que va en contra no solo del avance democrático del país, sino de la impartición de justicia.
En entrevista, Víctor Flores Martínez, secretario del Primen Tribunal Laboral del Vigésimo Octavo Distrito en Morelos, agregó que la oposición en Morelos y el país entre los trabajadores a la reforma constitucional al Poder Judicial Federal es unánime, sobre todo entre personal operativo, secretarios y actuarios, quienes son los que día con día sacan adelante los casos que llegan a esa instancia.
Destacó que, al margen de que los trabajadores tengan dos sindicatos, no significa que estén divididos o confrontados, simplemente que cada uno tiene visiones distintas de cómo enfrentar la reforma, aunque de fondo existe plena coincidencia en que no se pueden elegir jueces, magistrados y ministros por su popularidad, y mucho menos minar las aspiraciones de quienes han volcado su trabajo y su vida a la institución.
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“Cada uno de los representantes de los sindicatos del Poder Judicial Federal tiene un punto de defensa, pero no estamos peleados, simplemente la visión es diferente. No obstante, como nosotros, la clase trabajadora, que somos el mayor número de trabajadores de la institución, los operativos, los secretarios y los actuarios, que somos aproximadamente 45 mil personas, no estamos dispuestos a que se escatimen nuestros derechos”, expresa Flores Martínez.
Hay algo de mayor peso que puede perderse: la carrera judicial. Hay personal del Poder Judicial Federal que se ha formado durante años profesionalmente y que ha trabajado bastante tiempo en la institución, haciendo frente a exámenes de oposición muy rigurosos, que simplemente se deja de lado para que personas electas con base a si son conocidas por la sociedad o si le parecen más simpáticos lleguen a posiciones de gran importancia, considera.
“No me afecta solo a mí en lo personal, lo que no entendemos es que esta afectación es colectiva. No afecta solamente a los trabajadores del Poder Judicial Federal, o a los de los tribunales de Justicia de los estados, afecta a la sociedad toda y, lo que es peor, tiene como trasfondo la pretensión de lograr un poder autoritario desde el Ejecutivo”, afirma.