Desde la voz de Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, expresada en la marcha por la 118 acción global, se dio a conocer la respuesta al reporte elaborado por el presidente López Obrador: “Somos los primeros en reconocer que al inicio de su gobierno, su voluntad de reabrir la investigación en el caso de nuestros hijos se tradujo en avances que no se habrían logrado sin su voluntad. Sin embargo, nuestra exigencia principal de saber qué pasó con nuestros hijos mediante el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y la sanción a todos los responsables no ha sido aún satisfecha. Como padres y madres esto nos causa dolor y sufrimiento en esta tortura de no saber sobre nuestros hijos, lo que nos ha impulsado a seguir movilizándonos para exigir la verdad y justicia, y siempre lo hemos hecho con dignidad: un caso de desaparición forzada no puede considerarse resuelto mientras no se esclarezca el paradero de los desaparecidos”.
De esta manera, con el corazón en la mano, los familiares de los desaparecidos, dan respuesta puntual a un documento presidencial, señalando de manera contundente que: “Nunca ha sido nuestro interés señalar al Ejército para debilitarlo como institución, ni para servir a intereses ajenos a nuestra única prioridad, que es saber qué pasó con nuestros hijos. Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tiene que ver con la propia investigación, pues en ésta desaparición poco a poco preguntan sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos”
Con profunda tristeza hemos conocido el informe enviado por el Presidente López Obrador a los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ya que vemos como se incumple el compromiso contraído con ellos desde su campaña electoral de 2018 de ir a fondo en las investigaciones una vez que asumiera el poder. Al finalizar el sexenio de su mandato, en lugar de reconocer los obstáculos institucionales que van desde la Fiscalía General de la República por no investigar adecuadamente, los Tribunales Federales por otorgar libertad a implicados en las desapariciones, los pactos de silencio entre autoridades de diversos niveles implicadas en el caso, así como la negativa del Ejército a entregar más de 800 folios de información que tienen en su poder y que podrían arrojar luz sobre el paradero de sus hijos, el presidente López Obrador hace una defensa de la institución armada para exonerarla de toda responsabilidad en las desapariciones, atacando y acusando a los asesores integrantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de ser los responsables de haber desviado las investigaciones, cuando es claro que la responsabilidad de llevarla a cabo es única y exclusivamente de las propias instituciones gubernamentales.
El presidente acusa a los padres y a sus abogados de atacar al Ejército, sin reconocer que existen pruebas y testimonios en la investigación cuando un testigo declaró que 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Iguala donde fueron torturados y se asegura que algunos murieron, para ser posteriormente desaparecidos. Qué fue lo que pasó exactamente con ellos no se ha esclarecido.
Si bien es cierto, el informe de López Obrador enumera 15 entrevistas que se hicieron con personas detenidas, las 280 excavaciones en las búsquedas, 45 acciones judiciales y una ley de amnistía para quienes rompan el silencio y colaboren con las investigaciones, sin embargo, no hay avance alguno en cada una de estas acciones.
El presidente insiste en que el Ejército no tiene responsabilidad alguna, sin dar respuesta al hecho de que dos militares se infiltraron como estudiantes en la Normal de Ayotzinapa y que antes de las desapariciones estuvieron reportando las actividades, como lo muestra la bitácora de lo que estuvieron informando a sus superiores jerárquicos que se encontraban en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo. Esta información se les ha negado a pesar de que en su momento lo ordenó el propio Presidente. De la misma manera faltan los documentos que revelan las intervenciones telefónicas entre los perpetradores de la desaparición como Francisco Salgado Valladares, el ex Jefe de la Policía de Iguala, así como las que de quienes hablaban de lo que estaba ocurriendo esa noche del 26 de septiembre en Iguala, que podrían arrojar luz sobre su paradero.
Aún cuando se espera que en la reunión del 29 de julio con el Presidente López Obrador y la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, esta asuma el compromiso de continuar las investigaciones para impedir que se de carpetazo y se mantenga la impunidad, no se puede ocultar lo que significa la tristeza de que durante ya casi 10 años no se haya logrado esclarecer el paradero de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos. “Aún tenemos la esperanza de llegar a la verdad y esperemos que esto pueda ocurrir en el próximo Gobierno. Tenemos dignidad, exigimos justicia y verdad, no más pero tampoco menos”, como dijeron padres y madres en la voz de doña Hilda Hernández Rivera.
Por todo ello, reiteramos nuestra solidaridad hasta lograr que todos los archivos en poder el Ejército sean entregados a los abogados y familiares de los 43 desaparecidos y expresamos nuestro reconocimiento a la labor llevada a cabo de organizaciones como Tlachinollan y el Centro Miguel Agustín Pro en la asesoría y acompañamiento a los padres y madres durante éstos casi 10 años de lucha.
Saludamos a la Asamblea Nacional Popular que se llevará a cabo el 3 de agosto en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para tomar acuerdos que permitan fortalecer el plan de acción hasta lograr que haya verdad y justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, gobierne quien gobierne los derechos se defienden.