La impartición de justicia constituye una de las funciones públicas con mayor relevancia del Estado mexicano, toda vez que el ejercicio de esta función aporta los elementos determinantes para la preservación del Estado de derecho, aunado a que garantiza el derecho a la seguridad jurídica con la que cuenta la ciudadanía.
Asimismo, al ser uno de los derechos más importantes, se encuentra regulado en la propia Constitución Política, específicamente, en su artículo 17 donde se ordena que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, gratuita, completa, pero sobre todo imparcial.
Lo anterior, implica la obligación que tiene el Estado de atender de manera oportuna, la exigencia de justicia por parte de los ciudadanos cuando consideren que existe una violación a sus bienes jurídicos tutelados. Luego entonces, para atender citadas exigencias, el Poder Judicial se encuentra investido de las facultades que le permiten impartir justicia en beneficio de todos los gobernados; es decir, sin distinción de clase social, política, raza, sexo, condición económica o credo.
Por otra parte, es importante citar que la autonomía judicial es la que debe estar garantiza y evita de esta manera que los jueces no sufran intromisiones externas que logren vulnerar su capacidad y libertad de lo que es justo. Así también como la independencia judicial, misma que, como es bien sabido, se refiere a la ausencia de inmiscuirse por parte de los otros poderes; es decir, que los juzgadores bajo ninguna circunstancia deben subordinarse a lo que intenten ordenar el Poder Ejecutivo y legislativo.
Así también es importante mencionar que las resoluciones de los jueces no son absolutas, pues con el propósito de brindar mayor certeza jurídica de los justiciables, la actual estructura del orden jurídico mexicano, prevé que todos los actos de autoridad pueden ser combatidos a través de los diferentes medios impugnación que existen. A manera de ejemplo, una sentencia condenatoria dictada por un tribunal de enjuiciamiento, puede ser combatida en apelación, y contra lo dictado por el Tribunal de Alzada, se puede interponer un Juicio de garantías y nuevamente inconformarse hasta llegar a la máxima casa de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La impartición de justicia es el único mecanismo con el que cuenta el país para mantener la armonía y la paz social, teniendo en cuenta que en los procesos judiciales se encuentra de por medio la defensa de los derechos más importantes de las personas, como son la libertad, la familia, la salud y el patrimonio. Por ello, para poder garantizar una correcta aplicación de la norma, debe entenderse que los jueces, no pertenecen al ámbito de la política. Para proteger la justicia se debe apostar por la especialización y no por la intromisión de los otros poderes del Estado. Pues recordemos que una determinación sesgada por miedo, por indicaciones externas o por compromisos políticos, nunca darán como resultado “justicia”.