MEJOR CALLENSE. La hipocresía y la falta de sensibilidad parecen ser los ingredientes principales de las publicaciones de la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos en redes sociales. Mientras se jactan de defender los derechos políticos y electorales de las mujeres y condenan la violencia política de género, parecen haber olvidado por completo la cruda realidad que enfrentan las mujeres en la entidad. Con más de 80 feminicidios en lo que va del año, Morelos se encuentra en el triste primer lugar a nivel nacional en esta dolorosa estadística. ¿Cómo es posible que las autoridades gubernamentales se atrevan a publicar mensajes sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género, cuando la realidad en las calles de Morelos contradice completamente esas palabras? Es imperdonable que en medio de una crisis de violencia contra las mujeres, las autoridades gubernamentales pretendan lavarse las manos con mensajes vacíos y carentes de acción concreta. Las cifras de feminicidios en Morelos son una alarmante muestra de la falta de políticas efectivas, de la falta de protección y de la falta de compromiso real con la erradicación de la violencia de género en la entidad. Es necesario que las autoridades de Morelos dejen de lado la retórica vacía y asuman su responsabilidad en la protección de las mujeres. Es hora de que pasen de las palabras a los hechos, implementando medidas concretas y efectivas para prevenir la violencia de género y brindar justicia a las víctimas de feminicidio. En lugar de publicar mensajes cínicos y vacíos en redes sociales, la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos debería centrarse en tomar acciones reales y significativas para enfrentar la crisis de feminicidios que azota la entidad. Las mujeres de Morelos merecen más que promesas vacías, merecen justicia y protección real. La indolencia y la falta de acción no tienen cabida cuando se trata de vidas en peligro y de derechos vulnerados. Es hora de pasar de las palabras a los hechos.
MIENTEN. La práctica de políticos que pretenden hacerse pasar como parte de sectores vulnerables, como la comunidad LGBT, con el único propósito de mantenerse en espacios de representación popular es una afrenta a la integridad y dignidad de dichos grupos. A poco más de un mes de las elecciones, es lamentable que esta manipulación cínica y deshonesta siga teniendo lugar en el ámbito político. Carlos Batalla, fundador del Colectivo Positivos Morelos, ha levantado la voz para denunciar esta injusticia y exigir consecuencias severas para aquellos que usurpen posiciones que no les corresponden. Y con razón. La representación política debería ser un reflejo auténtico de la diversidad de la sociedad, no un escenario para la impostura y el oportunismo. Resulta desgarrador ver cómo algunos políticos están dispuestos a utilizar la identidad de grupos vulnerables con el único fin de obtener votos o mantenerse en el poder. Esta práctica no solo es deshonesta, sino que también constituye una forma de violencia simbólica hacia las personas reales que pertenecen a dichos grupos y que luchan día a día por sus derechos y su reconocimiento. Es imperativo que se establezcan medidas efectivas para evitar que esta usurpación de identidades siga ocurriendo en el ámbito político. Castigos severos y consecuencias claras deben ser impuestas a aquellos que se valen de artimañas y engaños para ocupar cargos de representación popular. La verdadera inclusión y representación de la diversidad en la política solo puede lograrse a través de la autenticidad y el respeto genuino hacia todas las voces y perspectivas. Usurpar identidades y pretender ser lo que no se es solo contribuye a perpetuar la desigualdad y la injusticia. Es hora de poner fin a esta práctica deshonesta y garantizar que la representación política sea verdaderamente inclusiva y respetuosa de la diversidad. Las voces auténticas de los grupos vulnerables merecen ser escuchadas y respetadas, no manipuladas con propósitos egoístas y poco éticos.
HUELE A PELIGRO. Los recientes señalamientos de presuntas irregularidades en varios ayuntamientos de Morelos han puesto en evidencia la falta de transparencia y el manejo poco ético de los recursos públicos por parte de algunos presidentes municipales. La detección de estas irregularidades es un reflejo preocupante de la corrupción y la mala gestión que impera en ciertos ámbitos de la administración pública en el estado. Es alarmante que se haya detectado el posible mal uso de recursos federales en algunos municipios, lo cual pone en entredicho la integridad y la responsabilidad de las autoridades locales. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de fondos públicos no solo socavan la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, sino que también representan un atentado contra la hacienda pública y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es necesario que se sigan procesos legales rigurosos y se tomen medidas contundentes contra aquellos presidentes municipales que hayan incurrido en malas prácticas financieras. El resarcimiento de los fondos desviados a la hacienda pública es un paso necesario para reparar el daño causado y para enviar un mensaje claro de que la corrupción y la impunidad no serán toleradas en Morelos. Los montos millonarios involucrados en estas presuntas irregularidades reflejan la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar estos actos de corrupción. Es necesario que las autoridades competentes actúen con prontitud y firmeza para investigar a fondo estas irregularidades, llevar a cabo los procesos legales correspondientes y garantizar que se haga justicia. La sociedad merece gobernantes íntegros y comprometidos con el bien común, no con intereses personales o partidistas. La corrupción no puede tener cabida en la administración pública y es responsabilidad de todos trabajar juntos para erradicarla y promover una gestión transparente y honesta de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
PASARELA. Ayer fue un día negro para el estado de Morelos, marcado por la violencia desenfrenada que parece no dar tregua. Tres balaceras en distintos puntos de la entidad, el hallazgo de varios cuerpos con huellas de tortura y numerosos hechos violentos más pusieron de manifiesto la cruda realidad que enfrenta la población morelense a diario. En medio de este escenario desolador, resulta indignante observar cómo el comisionado estatal de seguridad (CES) y su equipo parecen estar más interesados en hacerle pasarela a los presidentes municipales electos que en abordar de forma efectiva la crisis de inseguridad que azota al estado. Mientras la violencia y la impunidad se apoderan de las calles, el CES y su equipo se dedican a mostrar diagnósticos de seguridad a futuros gobernantes locales, como si estos no fueran conscientes de la grave situación que atraviesa Morelos. ¿Acaso no es urgente atender las necesidades de seguridad de la población actual en lugar de concentrarse en dar una imagen superficial de eficiencia y control? La inoperancia de la CES y la falta de resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia son evidentes. La ciudadanía merece sentirse segura en su propio estado, libre del temor constante a la violencia y la criminalidad. Sin embargo, la realidad es que Morelos se encuentra sumido en un estado de caos y desesperación, donde la impunidad reina y la violencia campea a sus anchas.