La Fiscalía está falseando datos en torno a los feminicidios ocurridos en la entidad,” porque no está aplicando los protocolos y termina catalogando la muerte de mujeres de otra manera, afirmó Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Y no es menos grave que, a pesar de que la Comisión ha solicitado informes al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sobre el número de feminicidios durante su administración, no solo no ha dado la cara ante este problema, sino que se irá del cargo sin haber cumplido con las recomendaciones que la Independiente de Derechos Humanos ha hecho para la prevención, combate y sanción a estos crímenes.
“La Fiscalía no tiene la capacidad para atender los feminicidios, porque no hay la voluntad política, el interés de aplicar el protocolo respectivo. La Fiscalía ha mentido todos estos años desde que tenemos un aumento en la violencia de género”, señala Quintanilla.
Y entre los aspectos en los que ha fallado, figuran los siguientes: “Primero: no señala las cifras exactas en el tema de feminicidio porque no aplica el protocolo; al revictimizar los feminicidios, a las víctimas y a sus familiares que buscan justicia, poniéndoles otra causa por la muerte, porque ya está calificando un hecho sin conocerlo”.
Se exige que aplique el protocolo para que se documente de manera puntual, desde el hallazgo de un cuerpo de una mujer, hasta concluir con todos los datos de la investigación, lo que no está ocurriendo.
La Fiscalía, al no respetar los protocolos para la clasificación e investigación de feminicidios como tales, también está revictimizado tanto a quienes perdieron la vida, como a sus familiares, por lo que incurre en violencia institucional. Se debe investigar y sancionar para que erradiquemos el feminicidio, considera.
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“Si esto no se aplica desde la Fiscalía, que es la primera que tiene acceso a los cuerpos de las víctimas de violencia feminicida, difícilmente tendremos datos cercanos a la realidad”, afirma la también fundadora de la Independiente de Derechos Humanos.
“Entendemos que la Fiscalía no quiera atender el tema, pero sabemos que hay mecanismos para sancionar a los políticos y funcionarios en su trabajo, eso no se ha querido aplicar, no se ha querido sancionar en la entidad morelense, y por eso sigue la impunidad, la corrupción, las complicidades, porque cuando un gobierno, en este caso la Fiscalía, no investiga para sancionar al feminicida, se convierte en cómplice, y eso es violencia institucional y, de acuerdo con la ley, tiene que sancionarse”, afirma.
Sin embargo, no es solo la Fiscalía la que no está cumpliendo a cabalidad con su encomienda, porque la administración saliente también ha hecho caso omiso a las solicitudes de información que incluso vía el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ha realizado la Comisión Independiente, y mucho menos ha atendido las recomendaciones para frenar la ola feminicida que atraviesa la entidad, entre las cuales figuran el fortalecimiento de todas las dependencias obligadas a proporcionar información, analizar las acciones u omisiones de las responsabilidades de los procedimientos y evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, como ahora está ocurriendo con la Fiscalía.