En la sede Leyva del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Distrito del Poder Judicial Federal, los trabajadores no suspendieron actividades, a pesar de la convocatoria a un paro nacional indefinido a partir del primero de julio, al que llamó el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, presidido por Juan Alberto Prado Gómez, del ala disidente de los empleados.
Y es que, la semana pasada, la contraparte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, encabezado por Gilberto González Pimentel, también hizo un llamado a quienes laboran en ese Poder a no paralizar las actividades, afirmando que es preferible seguir el camino de la negociación.
No obstante, también llamó a no parar actividades con la advertencia de que quien lo hiciera, estaría incurriendo en el delito de obstrucción de la justicia y se procedería en su contra.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial tiene alrededor de 53 mil agremiados en el país y más de mil cien en Morelos, que ahora, además de la incertidumbre en torno a la reforma misma del Poder Judicial Federal, navegan a dos aguas, entre las posturas del sindicato formal y el nuevo, encabezado por la disidencia, a la expectativa de las acciones a emprender.
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Y también hay versiones encontradas también en torno a la reforma constitucional al Poder Judicial que ahora se analiza en los foros organizados en el Senado de la República, pero que eventualmente será aprobada en el Congreso de la Unión, para después pasar a los poderes legislativos de las entidades federativas para su discusión y eventual visto bueno, para lo cual se requieren de dos terceras partes de los congresos del país, y en los que también tiene mayoría el presidente de la República para que avance.
Por una parte, la dirigencia encabezada por Gilberto González Pimentel señala que los derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial Federal no serán tocados, e incluso que se mantiene abierta la oportunidad de participar en la eventual elección popular para ascender en la carrera judicial para los trabajadores, por lo que es mejor participar en las negociaciones.
En tanto, el ala disidente, encabezada por Juan Alberto Prado Gómez, afirma que los trabajadores perderán prestaciones y que sus aspiraciones de mejorar de puesto concursando por una posición dentro del Poder Judicial Federal se verán canceladas con la reforma constitucional, por lo que sigue insistiendo en la necesidad de que se realice un paro nacional de actividades, para que tanto los senadores, como quienes participan en el análisis de las reformas, sepan del peso de la clase trabajadora del Poder Judicial Federal y que entiendan que están dispuestos a defender sus conquistas laborales.