Para los tribunales electorales, es de suma importancia procurar la inclusión de las minorías, lo mismo que de los grupos vulnerables, mediante el pleno respeto de sus derechos. Esto lo afirmó la maestra Carolina Roque Morales, en su conferencia "Justicia electoral inclusiva", que impartió en la Casa de la Cultura Jurídica, en la que, si bien reconoció que aún falta mucho para garantizar los derechos de personas con capacidades diferentes, lo mismo que de aquellos con preferencias sexuales distintas, así como sectores como el indígena, los afrodescendientes y otras minorías, las autoridades electorales trabajan por el respeto de sus derechos.
Y con el respeto de los derechos, también está el trabajo por la inclusión, tanto en el pleno respeto de identidad, como para su postulación a puestos de elección popular, a fin de representar al sector que pertenecen.
La maestra Carolina Roque Morales es experta de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante su exposición, no solo habló de las dificultades que entraña, así como la responsabilidad de la autoridad judicial, de que se cumplan los derechos político-electorales, a fin de que minorías y grupos vulnerables tengan acceso a cargos de elección popular.
Cada caso es diferente, refirió Roque Morales, pues tiene sus particularidades de acuerdo a sus circunstancias, con base en el grupo vulnerable o minoritario al que pertenecen. Está el caso de las comunidades indígenas y los partidos que hacen trampa para otorgar candidaturas a quienes no son originarios de las comunidades a las que dicen pertenecer.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que, en las comunidades indígenas, la elección de sus autoridades se rige por usos y costumbres e incluso hay que considerar que predomina el machismo.
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También están las personas con una identidad sexual diferente y que, en muchos casos, son discriminadas con las opciones para identificarse como hombre o mujer, cuando ellos tienen otras características.
No menos importantes son los derechos de personas en las cárceles, con prisión preventiva, pero que en tanto no haya culminado su proceso legal, siguen siendo considerados inocentes y en pleno goce de sus derechos políticos, por lo que las autoridades electorales han hecho un gran despliegue para garantizar que puedan votar, aunque estén recluidos.
Citó el caso de un indigente que acudió a tramitar su credencial de elector y se la negaron. Recurrió al Tribunal Federal Electoral, que solo le pidió referencia de un sitio regular para localizarlo y mandató que se le otorgara su credencial.
No menos importante es el reto de la inteligencia artificial, no solo por su uso en las campañas político-electorales, sino porque no hay marco legal de referencia para determinar cuándo se viola la ley.
Por su parte, Ixel Mendoza Aragón, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resaltó la importancia de conocer, analizar y discernir el tema de la justicia electoral inclusiva, pues conlleva la obligación de hacer partícipes a todas las personas, de las diversas esferas de la actividad humana. “La inclusión conlleva inmersa la necesidad de establecer también las herramientas que vayan a coadyuvar en un verdadero estado de derecho”, afirmó.