El 15 de mayo estará en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la elección de un nuevo presidente, que de verdad esté interesado en modernizar la impartición de justicia o seguir tolerando la ola de irregularidades que imperan en el Poder Judicial, en el antecedente de que organizaciones como México Evalúa y World Justice Project ubican a Morelos en los últimos lugares en estado de derecho y acceso a la justicia.
Entre las organizaciones y profesionales del derecho que se oponen a la continuidad de Gamboa Olea al frente del TSJ se encuentran Alexis Jair Velasco Alcocer, de la Barra de Abogados, Ricardo Popoca González, del Consejo Estatal de Abogados, y Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, quienes coinciden en que de lo único que puede presumir el presidente del Tribunal es de los cambios en mobiliario y pisos de la institución, cuando el reto es modernizar la impartición de justicia.
Alexis Jair Velasco Alcocer, de la Barra de Abogados, afirma que no es propio querer prolongar su mandato, sobre todo si los resultados al frente del Poder Judicial son tan pobres, en tanto que Ricardo Popoca González, del Consejo Estatal de Abogados, afirma que nada ha cambiado en el Tribunal Superior de Justicia, con o sin nuevos magistrados, porque sigue imperando la burocracia y su ausencia de visitas a los juzgados de la entidad para conocer la situación que están atravesando. El historial de acusaciones contra Gamboa Olea pasa por las de los integrantes del Foro Morelense de Abogados, quienes han denunciado la exigencia de dinero de jueces y magistrados, para que sus resoluciones les sean favorables.
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No menos graves son las denuncias de magistrados en torno a que el propio Gamboa Olea ha tratado de incidir en sus decisiones, como es el caso del magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien lo denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por intentar persuadirlo en torno a dos casos cuyo epicentro está en Huitzilac, tema abordado incluso en la Mesa de Construcción para la Paz con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, por tratarse de un asunto delicado. Al no modificar el sentido de sus decisiones, le fue retirada la custodia tanto a él como a su familia.
A Gamboa Olea se le han exigido explicaciones en torno a colocar en el propio Tribunal Superior de Justicia, y después en el de Justicia Administrativa a su esposa. El abogado Pedro Martínez Bello ya ha señalado que debe aclarar su intento de nepotismo y el origen de los recursos para querer comprar una plaza.
Previo a la llegada de los nuevos magistrados seleccionados por el Congreso de Morelos, ya durante varias sesiones los magistrados habían hecho vacío a Gamboa Olea al no acudir y suspenderse las reuniones por falta de quórum, en protesta por la soberbia y prepotencia del presidente del TSJ.
Acaso el dato más contundente contra Gamboa Olea es que el Poder Judicial a su cargo ocupa los últimos lugares nacionales en acceso a la justicia y estado de derecho, de acuerdo con las organizaciones México Evalúa y World Justicia Project.