El derecho a una vida libre de violencia: un imperativo social

Hechos y derechos

¿No cree usted que en nuestra vida diaria escuchamos y vemos mucha violencia?, también usted que opina sobre el tipo de comunicación que nuestras autoridades políticas realizan, ¿no cree que tengan una gran dosis de violencia y divisionismo?, ¿sabía usted que tiene derecho a una vida libre de violencia?, así es. 
En mi opinión, actualmente se ha convertido en un clamor social, particularmente el Morelense. Este derecho, inherente a cada ser humano, es la piedra angular de una sociedad que aspira a la paz y al progreso.
La violencia, en todas sus formas, es una violación flagrante de la dignidad humana. Ya sea física, psicológica, sexual o económica, cada acto de violencia erosiona los cimientos de nuestra convivencia. No es solo un problema de salud pública o un asunto criminal; es una crisis de valores humanos fundamentales. Lamentablemente en el entorno en que se encuentra nuestra sociedad, se ha normalizado la violencia en todos sus tipos. 
Una vida libre de violencia es un concepto fundamental de derechos humanos que se refiere a la existencia sin sufrir ningún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole. Implica la ausencia de coacción, amenazas y abusos que puedan causar daño, miedo o sufrimiento en una persona.
Este concepto abarca no solo la protección contra actos de violencia evidentes, sino también la prevención de situaciones que puedan llevar a la violencia. Incluye el derecho a vivir en un ambiente seguro y pacífico, donde las personas puedan desarrollarse plenamente y ejercer sus libertades sin temor. Le pregunto usted vive en dicho ambiente?.
El derecho a vivir a sin violencia, es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, donde la prohibición de la discriminación incluye todo tipo de violencia, incluyendo la de género. Es decir, el marco legal lo que pretende es el respeto al derecho y con ello evitar toda la violencia. 
El derecho a una vida libre de violencia está intrínsecamente ligado a otros derechos humanos, como el derecho a la integridad personal, la igualdad de género, la libertad de expresión y el derecho a la seguridad. Es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad, creando condiciones y mecanismos que aseguren la protección y el bienestar de todos los individuos.
En México, el derecho a vivir sin violencia está regulado principalmente por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. Es decir, el enfoque está dirigido a dichas personas que históricamente se han encontrado en grado superlativo en dicha violencia. 
Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento legal y la realidad cotidiana es profunda. Es imperativo que como sociedad, exijamos a las autoridades políticas, así como a los actuales candidatos a cargos de elección popular, no solamente el cesar con dicho tipo de comunicación política sino el compromiso en la verdadera aplicación de nuestro sistema de Derecho, lo cual nos garantizará una vida libre de violencia. Las instituciones deben ser fortalecidas para responder con eficacia y justicia. Las leyes deben ser aplicadas.
Cada individuo tiene un papel que desempeñar. Desde el rechazo de la violencia en nuestro lenguaje y acciones cotidianas hasta el apoyo activo a las víctimas y la denuncia de los agresores. La indiferencia es cómplice, y el cambio comienza con la decisión de no tolerar ningún acto de violencia, por insignificante que parezca.
El derecho a una vida libre de violencia no es negociable. Es un requisito para el desarrollo pleno del potencial humano y para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es hora de que este derecho se convierta en una realidad palpable para todos, sin excepción.
Su voto es el mecanismo democrático que usted cuenta, por lo que la exigencia a las autoridades electas (independientemente si votó por ellas o no), debe ser un común denominador de una sociedad democrática como la nuestra, no la perdamos.

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