La violencia cotidiana lacera gravemente los derechos humanos de las personas que la viven directamente y termina afectando al conjunto de la sociedad.
El derecho a la vida nadie debe ponerlo en cuestión ni justificarlo cuando ocurren crímenes en contra de personas, públicamente conocidas o desconocidas, al responsabilizarlos de sus propias muertes al señalar que ellos mismos se lo buscaron por el lugar donde andaban, el modo de vestir, las circunstancias en que ocurrieron.
Hay que señalar que el gobierno actual, en sus diferentes niveles, como los gobiernos anteriores, son los responsables de que nos encontremos en éste grado de descomposición social, ya que en lugar de aplicar políticas públicas que garanticen una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, han priorizado sus intereses económicos y políticos por encima de los intereses colectivos.
Es una ofensa a la razón que quienes ocuparon cargos en gobiernos anteriores acusen a los actuales de ser los responsables de la violencia e inseguridad, cuando ellos mismos aplicaron políticas represivas, autoritarias y militaristas que en lugar de enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, únicamente lo incrementaron a niveles brutales que hoy han llegado a extremos terroríficos.
Es urgente y necesario cambiar las estrategias y las políticas prevalecientes actualmente, para terminar con la impunidad y lograr que haya justicia, atendiendo las causas de la violencia e inseguridad.
Como hemos señalado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, es necesario valorar tanto los aspectos negativos y retrocesos que han afectado terriblemente en muchos aspectos la dignidad humana, nos permite también reconocer los avances que se han tenido en la lucha por hacer vigentes todos los derechos que se han conquistado mediante luchas a través de la historia y, sobre todo, proponernos cumplir los retos y desafíos de éste año 2024 que apenas inicia.
Uno de los aspectos más lacerantes que se han vivido en éstos 12 meses ha sido precisamente la violencia e inseguridad que se ha generalizado en Morelos. Los datos son verdaderamente preocupantes, sobre todo debido a las muertes violentas que se han acumulado en una escala muy superior a años anteriores. Los datos oficiales así lo muestran.
La realidad, sin embargo, es mucho peor, ya que gran cantidad de hechos violentos no son denunciados ni llegan a las autoridades, por lo que las estadísticas reflejan en menor medida lo que se padece cotidianamente.
Aunque Morelos es una de las entidades más pequeñas del país, los datos oficiales del gobierno federal indican que ocupa la octava posición en homicidio doloso, ya que de enero a noviembre de 2023 se cuentan formalmente en 1,343 asesinatos dolosos.
Durante el último mes del año se siguió incrementando ésta cifra que está rompiendo niveles precedentes, enlutando hogares que deberían haber festejado en paz el fin de año.
En este clima de violencia e inseguridad, el feminicidio también tiene uno de los niveles más altos que hemos documentado desde hace 23 años en que iniciamos a denunciar el incremento de casos de muertes violentas de mujeres, que llevó a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013 con 530 casos de feminicidio, logrando que se estableciera el decreto de AVG para 8 municipios en agosto de 2015.
Podemos asegurar con pleno conocimiento de causa, que de no haberse implementado algunas de las medidas de esta Alerta, los niveles de violencia feminicida serían aún peor, sin embargo, el incumplimiento de muchas de las medidas y acciones decretadas por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, no han logrado conseguir el objetivo de Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en Morelos.
Por ello es que se ha llegado a superar los 1,300 feminicidios en éstos 23 años. Los datos oficiales reconocen el incremento de muertes violentas de mujeres, sin embargo, únicamente reconoce como feminicidios un 32% del total que ocurren en Morelos, en contradicción con lo establecido en el Código Penal y en el protocolo de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado que establece el procedimiento de que se investigue toda muerte violenta de mujeres en principio como Feminicidio.
La existencia de más de 113 mil 317 personas desaparecidas en todo el país es un verdadero drama para miles de familias, por lo que ha sido severamente cuestionada la estrategia oficial de disminuir la cifra a 12, 377 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin aplicar todos los instrumentos de búsqueda y localización, aunado al hecho de proteger al Ejército en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa al no entregar todos los archivos militares de la represión, lo que impide llegar a la verdad y la justicia que se requiere, así como su localización, para evitar que este crimen de Lesa Humanidad siga causando tanto dolor a sus familiares y al conjunto de la sociedad.
Estos y otros temas relevantes, como la militarización de la seguridad pública y el espionaje a organizaciones y periodistas, que han sido motivo de preocupación de instancias internacionales de defensa de Derechos Humanos, sobre todo cuando desde el poder presidencial se lanzan ataques y descalificaciones contra organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, muestran que las soluciones no vendrán desde las alturas del poder, sino de la capacidad de organización y lucha que se logre demostrar por parte del conjunto de la sociedad organizada desde abajo.
A 34 años de que iniciamos las actividades de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, asumimos el compromiso de seguir luchando y exigiendo que, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.