La diputada Paola Cruz Torres presentó este lunes en la Sesión Ordinaria de Pleno, iniciativa para fortalecer el marco legal que proteja a las infancias en los casos es que exista incumplimiento de pensión alimenticia.
La iniciativa presentada por la diputada cuautlense y el diputado Alejandro Martínez Bermúdez propone reformar disposiciones de distintas leyes y códigos del estado de Morelos, en materia de deudores alimentarios, para dar certeza jurídica y proteger el derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
En su exposición, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario (GP) del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que la presente iniciativa conocida como la “Ley Sabina” propone aumentar las penas en contra de aquellos que no proporcionen, por más de 30 días, los recursos indispensables para la subsistencia y el desarrollo de sus hijas e hijos.
Declaró que la iniciativa establece los alcances de la pensión alimenticia, haciendo más amplia esta definición que contempla: alimentos, atención médica, educación, salud mental, recreación, gastos de embarazo y parto, así como lo necesario para la rehabilitación de personas con discapacidad. “Ya que, hasta el día de hoy, la pensión alimenticia no está claramente definida en el Código Penal, lo que permite que muchos hombres evadan esta responsabilidad”, manifestó.
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NUMEROLOGÍA
En nuestro país, sólo una de cada diez mujeres que demanda pensión alimenticia a su ex pareja la consigue, una de cada diez. De acuerdo con el INEGI, el 48% de las madres solteras, es decir, mujeres que ejercen la maternidad sin tener una pareja, son las principales proveedoras en sus hogares. Sólo el 40% de las madres solteras tienen algún grado de educación superior y media superior, mientras que el 23% sólo tiene la primaria o secundaria incompleta.
En México, las mujeres son quienes más trabajan de manera informal y esa condición es más común si son madres. Además, entre más hijas o hijos tienen, las condiciones laborales empeoran.
Morelos es la tercera entidad federativa con mayor porcentaje de madres jefas de familia. En nuestro estado, el 16% de las mujeres que son madres tienen menos de 20 años, es decir, son madres adolescentes, muchas de ellas solteras. Esas mujeres cuentan con herramientas limitadas para su desarrollo personal y, sobre todo, se enfrentan a muchas adversidades para que sus hijas e hijos puedan acceder a educación, a un ambiente sano, vivienda, salud, entre las múltiples condiciones necesarias para una vida digna. Las condiciones de desigualdad a las que se enfrentan
las madres solteras requieren que se haga justicia. Por eso, se propone aumentar las penas en contra de aquellos que no proporcionen por más de 30 días los recursos indispensables para la subsistencia y el desarrollo de sus hijas e hijos.
También se proponen penas para las y los funcionarios que pudieran ser cómplices de esto.
Se propone que, si el adeudo alimenticio rebasa los 45 días, el juez o jueza ordene que el sentenciado sea enlistado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Así, será requisito previo a la expedición de escrituras no estar inscrito en el Registro, es decir, ningún deudor podrá comprar una casa mientras sea irresponsable con la pensión de sus hijos e hijas.
Además, ese registro impedirá que los deudores alimentarios puedan postularse a cargos de elección popular. En ese mismo sentido, se establece como requisito para ser magistrado, juez de primer instancia, juez menor y funcionario del Tribunal el no estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.