Luego de la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, surgieron diversos pronunciamientos por parte de algunos partidos políticos, así como de diputados del Congreso local.
Entre estos pronunciamientos se dio el del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, quienes condenaron la detención de dicho funcionario al asegurar que defienden una clara persecución política orquestada desde el gobierno de la República a petición y capricho del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
Agregando que "ha quedado evidenciado que el Gobierno Federal y la Fiscalía de la CDMX no respetan la Constitución, confirmando que actúan como una dictadura, violando las leyes para eliminar a sus opositores y a los servidores que cumplen con su labor pero que son incómodos para Morena".
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De igual manera el Frente Amplio por México exigió a través de un comunicado el esclarecimiento pleno de los hechos que condujeron a la muerte violenta de mujeres en el país y rechaza tajantemente su utilización política, toda vez de que no se pretende hacer justicia, sino que con esto se enrarecen las investigaciones y con ello beneficiar a ex servidores públicos que no rindieron buenos resultados durante su gestión.
Destacaron que la sociedad ha atestiguado con preocupación la actitud cuenta e ilegal con la que el día viernes fue detenido el fiscal General del Estado Libre y Soberano de Morelos, en medio de un operativo al que calificaron como grotesco dónde no solo participó personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX sino también de instituciones de carácter federal como los elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República.
Agregaron que con ello se viola la inmunidad procesal que le otorga el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta situación compararon los hechos con lo que acontecía durante el Porfiriato, toda vez, de que señalaron que, "hoy las instituciones públicas son utilizadas con fines políticos y partidistas en beneficio del oficialismo".
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De igual manera la diputada federal Jessica Ortega expresó su posición a favor del debido proceso y de la legalidad, al aseverar que "en el Estado de Derecho, la impartición y administración de justicia deben ser ejercidas conforme a todas y cada una de las garantías constitucionales".
La legisladora federal recordó que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mandatado que, en el caso de personas sujetas de un régimen jurídico especial, como es el caso del Fiscal, deben realizarse los procedimientos correspondientes", ante lo cual señaló que no ocurrió en este caso.
Finalmente reiteró su pronunciamiento en favor del respeto a la división de poderes y rechazó cualquier intento de socavar la autonomía de las instituciones de justicia ya que aseveró que el proceso debe llevarse conforme a derecho.