La historia tiene dos perspectivas, dependiendo no solamente lo que se piensa y dice, sino lo que se hace para mantener o transformar la realidad. En México estamos en un momento crucial, donde se entretejen los hilos del poder para perpetuar el orden establecido o se logran articular las fuerzas sociales para empujar hacia un cambio de fondo. Políticamente se mantiene un amplio apoyo popular al gobierno de López Obrador, producto del triunfo obtenido hace 5 años en las elecciones, con más de 30 millones de votos. No es un dato menor para comprender la dinámica social sobre la que hay que trabajar, para no generar ilusiones, pero a la vez no perder de vista las posibilidades de transformación a través de la organización independiente. Un análisis objetivo nos permite mantener los pies en la tierra mediante el pesimismo de la razón, pero también nos impulsa a actuar organizadamente mediante el optimismo de la voluntad.
Contrariamente a quienes mantienen un apoyo acritico al gobierno, consideramos importante señalar las limitaciones, contradicciones y omisiones que tiene éste gobierno frente a los derechos humanos por los que se ha venido luchando durante décadas en nuestro país. Precisamente por ello es que no compartimos las propuestas ni la visión de quienes atacan al gobierno desde la derecha para preservar sus privilegios que han mantenido durante los gobiernos precedentes. Celebramos la derrota de los gobiernos priistas y panistas que impusieron políticas neoliberales y privatizadoras que provocaron pobreza, hambre, desempleo y utilizaron la represión para imponer autoritariamente sus decisiones por encima de la voluntad popular. Valoramos las luchas democráticas por hacer respetar el voto en contra de los fraudes que realizaron para imponer a Fox, Calderón y Peña Nieto.
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Las fuerzas de la derecha pretenden recuperar sus privilegios a toda costa, por lo que tratan de utilizar demandas que aglutinen a otros sectores democráticos, pero carecen de credibilidad y legitimidad para llevarlas a cabo, porque cuando ejercieron el poder hicieron todo lo contrario. En materia de derechos humanos dejaron una pesada herencia de inseguridad y violencia al utilizar la militarización y el estado policiaco, con cientos de miles de muertes, desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura, persecución y criminalización de movimientos sociales, feminicidio y ataques sistemáticos a la libertad de expresión.
Este gobierno de López Obrador llegó con el impulso de millones de personas que apostaron a transformar el país en contra de la oligarquía. ¿Hasta qué punto se han visto cristalizadas estas esperanzas? El recuento de las acciones realizadas por este gobierno muestran que si bien se ha beneficiado a sectores populares con una política redistributiva, no se han modificado sustancialmente las relaciones de poder, ya que la oligarquía sigue dominando y elevando sus ganancias.
En materia de seguridad pública, lejos de que se desmilitarice como se comprometió a hacer López Obrador en su proyecto alternativo de nación, ha fortalecido y dado más poder al Ejército, la Marina y a la Guardia Nacional que militarizó a pesar de que en su momento planteó que sería de carácter civil. Por ello, en lugar de disminuir en delitos de alto impacto, al contrario, de 2015 a 2022, las víctimas de homicidios dolosos y feminicidios aumentaron 88% (pasaron de 18 mil a más de 32 mil). Además, en impunidad en homicidio doloso y feminicidio en 2022, se notó un aumento en el uso de armas de fuego, pues en 2015, el 14% de los homicidios dolosos de mujeres fue perpetrado con armas de fuego, para 2021 este porcentaje subió a 70%, con datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 5 años han ocurrido más de 122 mil 165 asesinatos violentos, más de 37,600 personas desaparecidas por lo que se ha superado los 110 mil acumulados con los sexenios anteriores, han ocurrido más de 433 masacres de civiles y se han documentado más de 40 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. No basta decir que ya no se violan los derechos humanos o de que no se dan órdenes a los militares para que no lo hagan, porque se siguen denunciando toda clase de abusos de poder, como las mil 431 quejas presentadas contra la Guardia Nacional de 2020 a 2022 y las mil 223 quejas contra el Ejército en el mismo período. Por si fuera poco, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad indica que el 39% de las personas aprehendidas por la Guardia Nacional entre 2019 y 2021 sufrieron alguna agresión física después de la detención, comparado con el 34% del Ejército Mexicano.
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La creciente paramilitarización utilizada por los empresarios capitalistas coludidos con el crimen organizado para imponer políticas extractivistas, como se ha demostrado en Chiapas por las comunidades indígenas zapatistas o pueblos en Michoacán y Guerrero que luchan contra la minería extractivista, agrega elementos preocupantes para luchadores sociales que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya, el Transístmico o el Plan Integral Morelos que significó el asesinato de Samir Flores Soberanes, que se suma a los 58 defensores ambientales asesinados en tres años en México.
Ante este panorama, es verdad que si bien crecen las luchas de organizaciones sindicales y sociales, de pueblos indígenas y feministas, campesinas y populares, así como de colectivos y familiares de víctimas de desaparición forzada, la izquierda no se ha logrado unir y articular en torno a un polo de lucha autónomo para defender plenamente los derechos humanos para todas y todos, por lo que de frente a las elecciones de 2024 es más urgente que nunca fortalecer las iniciativas de unidad y solidaridad que permitan recuperar la iniciativa mediante la esperanza organizada por otro mundo posible desde abajo.