En ocasiones las fuerzas se debilitan y los golpes se acumulan, por lo que se requiere valorar las fortalezas sociales para superar las debilidades políticas. Recuperar las raíces históricas de nuestros pueblos para construir un futuro distinto, donde la igualdad, fraternidad y justicia social se sienten a la mesa de todas y todos.
La muerte de Mario Vergara en Huitzuco, Guerrero, fue un golpe al movimiento de familiares de personas desaparecidas, como antes lo fue la muerte de Guillermo Gutiérrez Riestra en Tamaulipas, pilares de la lucha por la presentación con vida de sus hijas e hijos, hermanas, hermanos. También ocurrió lo mismo con la muerte de Minerva Bello, Irene Mora Venancio, Don Bernardo Campos Cantor, Saúl Bruno García y Don Ezequiel Mora y otros familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Qué decir de la muerte de doña Rosario Ibarra de Piedra el año pasado. El asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato. Todos murieron sin saber el paradero de sus familiares. Nos tocó recorrer la sierra de Atoyac, recogiendo testimonios de familiares de desaparecidos durante los años 70s, donde nos decían cómo muchos de ellos murieron de tristeza por no saber lo que estaban sufriendo sus seres queridos en cautiverio en algún campo militar o cárcel clandestina del gobierno. Todo esto comentamos con el compañero Melitón Ortega, quien nos trajo café orgánico que producen en su huerta familiar en la montaña de Guerrero, quienes están convocando una reunión para el 25 de mayo en la Ciudad de México con todas las organizaciones que apoyan la lucha de familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, con el objetivo de analizar la difícil situación de impunidad prevaleciente y la negativa del Ejército y la Fiscalía General de la República para abrir y aportar todos sus archivos históricos sobre el papel que los militares jugaron en éstos crímenes de lesa humanidad, y sobre todo, para construir una alternativa unitaria en el movimiento social para enfrentar la represión policíaca, la militarización de la seguridad pública y la continuidad de las políticas neoliberales, autoritarias y antidemocráticas de un gobierno que llegó con la promesa de que todo cambiaría, pero que sigue aplicando las mismas políticas, como lo muestra la reciente incursión militar al campus de la Universidad Autónoma de Michoacán, violando la autonomía universitaria como en las peores épocas priistas de Díaz Ordaz durante el 68.
La ofensiva de la derecha reaccionaria que lleva a cabo en contra del gobierno actual carece de legitimidad porque cuando ejercieron el poder hicieron peores cosas. Fue Calderón el que inició una guerra para adquirir el control monopólico de las ganancias de las drogas, enviando al Ejército a las calles no para combatir el narcotráfico, sino para apoderarse de los miles de millones que genera ésta industria criminal, desatando una violencia imparable que ha significado cientos de miles de asesinatos, desapariciones, feminicidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Los gobiernos priistas y panistas reprimieron salvajemente a los movimientos sociales y sindicales, con masacres como en Nochixtlán, Tlatlaya, los plantones magisteriales en Morelos y en todo el país, el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro despidiendo a 44 mil trabajadores electricistas, las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa y los cientos de otros desaparecidos en Iguala, que dio origen al movimiento encabezado por el compañero Mario Vergara, entre tantos otros a lo largo del país. La desaparición de Notimex y la ofensiva contra el SITIMTA van en el mismo sentido de golpear los derechos laborales. Decenas de periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados en el país. En Morelos una decena de asesinatos lo muestran, entre ellos Gustavo Salgado Delgado, Samir Flores Soberanes y Rodrigo Morales. Este gobierno de López Obrador no ha detenido estas políticas y las mantiene, a pesar de que se lleven a cabo ejercicios de esclarecimiento histórico sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 1965 a 1990 que son muy importantes, pero que enfrentan los mismos obstáculos de investigación en el Ejército y en la FGR.
En diferentes espacios se ha estado analizando la necesidad de construir un frente social de izquierda que enfrente estas políticas autoritarias. El Encuentro Internacional El Sur Resiste, organizado por la Caravana del Sur en Chiapas concluyó con un llamado a la lucha autónoma en defensa de la tierra y el territorio. El Congreso de la Nueva Central de Trabajadores emitió un resolutivo llamando a la lucha unitaria en defensa de los derechos laborales y sindicales.
Pese al cambio ocurrido en el gobierno federal a partir del 2018 en que se sustituyó por la vía electoral a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, las condiciones de opresión y marginación de los trabajadores del campo y la ciudad no han cambiado, sosteniéndose mediante las viejas bases históricas de dominación neoliberal capitalista existentes por décadas. En el marco de una estrategia de apertura globalizada, de la liberalización del comercio global a favor de los inversionistas para asegurar el libre movimiento de sus capitales y sus utilidades, la concentración de la riqueza global se agudizó. En este contexto en el escenario político de nuestro país no existe partido político institucional ni coalición, que represente los intereses de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo.
Es necesario dar un paso para impulsar la conformación de un polo social y político amplio, que demuestre que más allá de la visión binaria que pretende agotarse entre derecha y progresismo, existe la necesidad de consolidar un polo defensor de los intereses de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo y que no está representado institucionalmente en el terreno político partidario actual. Un programa de lucha autónomo e independiente para lograr que los derechos humanos sean de todas y todos. Como canta Mercedes Sosa: ¿Quién dijo que todo está perdido? ¡Yo vengo a ofrecer mi corazón!
*IR