El caso de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez, militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, ocurrida el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla, Morelos, por elementos policíacos de un grupo especial creado por el Gobierno del Estado para perseguir y espiar a activistas y militantes políticos que luchaban contra el fraude electoral que llevó al poder a Salinas de Gortari, fue presentado ante el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, en una sesión pública llevada a cabo en las emblemáticas instalaciones del Centro Cultural Tlatelolco, los días 3 y 4 de mayo de 2023.
En este acto presentó su testimonio José García, hermano menor de José Ramón, señalando los impactos que ha tenido en su familia esta desaparición política del gobierno priista de Carlos Salinas, sobre todo la profunda tristeza de su madre quien murió a los pocos años, igual que sus hermanos Manuel y Fernando, así como el exilio forzado de su esposa Ana Santander y sus hijos Iker e Indarky: “El daño criminal ya está hecho. Mantengo la esperanza de que en algún momento toquen a la puerta para volver a verlo, para estar con mi amigo, mi camarada, mi hermano. Su presencia en la ausencia es amor por la vida”.
Ahí señalamos que José Ramón fue el primer desaparecido no ligado a movimientos armados como en los años 70s, como una forma de represión contra la izquierda socialista que representaba Rosario Ibarra de Piedra y el PRT. Como se pudo demostrar mediante el trabajo de la Fiscalía Especial bajo la conducción de Daniel Estrella Valenzuela, los responsables de la desaparición fueron el Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, creado por el Gobernador Antonio Riva Palacio, el Comandante Antonio Nogueda Carbajal y Apolo Bernabé Ríos García, entre otros. Si bien ya los tres murieron, ello mostró la existencia de toda una metodología de la desaparición por parte del Estado, para impedir el esclarecimiento de los hechos y su localización, desviando las investigaciones mediante hipótesis falsas y brindando protección a funcionarios al colocarlos en cargos como la Procuraduría de Justicia de Guerrero cuando ya tenía orden de aprehensión.
Además de este caso, por primera vez, familiares y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano fueron escuchados por el gobierno federal a través del ciclo de Diálogos de la Verdad, en su edición Zona Centro, con el objetivo de reivindicar su dignidad y reparar el daño.
En la primera mesa, mujeres transgénero víctimas de tortura en la antigua Dirección de Policía y Tránsito de Tlaxcoaque, que fueron detenidas por su identidad, narraron sus historias.
En la segunda se escucharon testimonios de habitantes de Morelos, Hidalgo y Puebla que fueron reprimidos y torturados por el Ejército Mexicano en septiembre de 1973 luego de la ocupación de sus tierras. Ahí escuchamos el testimonio de Pedro Medrano Mederos, hermano de Florencio “el Güero” Medrano, sobre la ocupación militar de la colonia Proletaria Rubén Jaramillo, en Temixco, el 28 de septiembre de 1973, para impedir que continuara la experiencia de auto organización y autogestión en vivienda y educación, mediante las detenciones arbitrarias, tortura psicológica y desaparición forzada transitoria en el Campo Militar Número Uno, forzando al exilio y pasar a la clandestinidad, donde se creó el Partido Proletario Unido de América, hasta la ejecución extrajudicial del “Güero” Medrano el 26 de marzo de 1979 en Oaxaca, y encarcelando a militantes como Julio Melchor Rivera Perrusquía y otros en el penal de Atlacomulco en Cuernavaca.
En la última se escuchó a pobladores de Rancho Nuevo, Xoxocotla y Amilcingo como parte de la lucha por la democracia de las comunidades indígenas.
También escuchamos los testimonios de la asamblea comunitaria de Xoxocotla, cuando se organizaron para luchar por la democracia y sufrieron una brutal represión policíaca el 22 de enero de 1989, donde fueron asesinados David y Juan y hubo decenas de heridos, solo por exigir respeto al triunfo de la planilla democrática.
En el caso de Amilcingo, se hizo el recuento de las luchas por la creación de la Normal Rural y la creación del municipio de Temoac, el asesinato de su dirigente Vinh Flores Laureano y 42 años después el asesinato de su sobrino Samir Flores, por su lucha contra la termoeléctrica de Huexca y el Plan Integral Morelos, destacando que si queremos reparar el pasado, lo más importante es que no se repitan las violaciones de derechos humanos contra los pueblos que luchan.
Como señaló el compañero Abel Barrera, uno de los 4 comisionados, con el registro de viva voz y ante la opinión pública, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) recabó testimonios de víctimas directas y colaterales de agresiones perpetradas de 1965 a 1990. A través del ejercicio de la escucha, este conversatorio público informó a comisionados, expertos y autoridades en derechos humanos sobre la responsabilidad que tuvo el Estado mexicano por su actuar u omisión frente a violaciones a derechos humanos para evidenciar que la historia de nuestro país tiene que reescribirse para dar garantía de no repetición a las víctimas.
Las sesiones testimoniales se llevaron a cabo en diferentes estados de México para esclarecer qué sucedió, quiénes lo hicieron, a quiénes se lo hicieron, cómo lo hicieron y qué consecuencias tuvieron los delitos llevados a cabo durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Con la recopilación de estos hechos, los comisionados del MEH construirán una narrativa que reconozca y explique las agresiones. El resultado final de este ejercicio busca comprender el contexto del pasado y con ello afrontar la violencia en el presente.
Para lograr la verdad histórica se requiere también que haya justicia y reparación del daño, pero sobre todo garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, por lo que hoy más que nunca se requiere transmitir estos testimonios al conjunto de la sociedad, pero sobre todo la conciencia, organización y lucha independiente en defensa de los derechos humanos de todas y todos.
*IR